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Las claves del éxito de Barcelona en Comú

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Ada Colau será la próxima alcaldesa de Barcelona al ganar las elecciones con la candidatura ciudadana Barcelona en Comú, que apenas ha cumplido un año de vida. Un éxito rotundo sin precedentes que ha superado cualquier expectativa y un resultado histórico en la ciudad condal. ¿Cuáles han sido las claves de su triunfo?

Unidad. Fundamentalmente, uno de los mayores logros de Barcelona en Comú ha sido el de haber sabido formar una plataforma de unidad popular con unos objetivos claros y que ha sabido sumar el apoyo de distintos partidos políticos (Podemos, ICV, EUiA, Equo, Procés Constituent). Un proceso de confluencia de una izquierda siempre segregada que no terminó de cuajar en otras ciudades como Valencia o Sevilla. Toda una lección para aquellos partidos que aspiren a formar un frente sólido de izquierdas de cara a las generales, incluido Podemos, que no debe caer en la arrogancia de creerse el único partido de la oposición. Pablo Iglesias se equivocaba al afirmar que “el cielo no se toma por consenso”. Barcelona en Comú acaba de demostrar que sí es posible.

Participación ciudadana. En esta candidatura se ha demostrado que los principales protagonistas han sido los vecinos barceloneses. En las asambleas semanales de cada distrito se han realizado diagnosis de los barrios, preguntado a las asociaciones vecinales sobre sus necesidades y miles de personas han propuesto medidas para la elaboración de su programa electoral. Además, se ha podido elegir a los consejeros de distrito mediante unas primarias abiertas que ha sido posible gracias al desarrollo de nuevas herramientas democráticas, cada vez más indispensables. En definitiva, los ciudadanos nos hemos sentido más implicados en lo que concebimos como política. Si algo ha quedado claro desde el 15-M es que queremos participar en ella de forma regular y natural, sin tener que esperar cada cuatro años a que se abra el candado de la democracia. La puerta debe permanecer siempre abierta.

Transparencia. Ada Colau publicó en su blog su declaración de bienes y la declaración de la renta. Mientras tanto, Esperanza Aguirre protestaba porque alguien había filtrado sus datos de la renta. Aquí radica la diferencia entre alguien que no tiene nada que esconder frente a la opacidad del que teme ser descubierto. En una época donde la sociedad está tan escarmentada por la corrupción, necesitamos más que nunca actos de transparencia como el de Colau que logren devolvernos la confianza en la política. Por otra parte, la nueva alcaldesa de Barcelona deberá publicar la agenda con los actos públicos y reuniones, así como los criterios de contratación de los cargos, tal como establece su código ético.

Humildad e ilusión. Uno de los puntos fuertes de Barcelona en Comú ha sido saber combinar la ambición del ganador con la humildad del buen perdedor, al más puro estilo Guardiola. Ada Colau ha sido capaz de transmitir humildad haciendo referencia a sus orígenes, pero al mismo tiempo desde el principio dejó clara su intención de ganar. Una imagen que dista mucho de aquellos políticos arrogantes, distantes y con los que no nos sentimos identificados. Las palabras de Colau tras saberse ganadora reflejan muy bien este espíritu: “Es la victoria de David sobre Goliat“.

En estos tiempos de revolución democrática que vivimos, debemos aprovechar la oportunidad de cambio político para ser una ciudadanía cada vez más exigente. Así pues, los partidos tradicionales deberían comenzar a tomar nota de las nuevas formas de hacer política si quieren subsistir con el paso del tiempo. A partir de hoy, Ada Colau tendrá que asumir el difícil reto de demostrar que es posible gobernar con y para los ciudadanos. Como decía Spiderman: un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

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El secretismo del TTIP: el misterioso acuerdo entre la UE y los EEUU

Todo parece recordar a una película de misterio, pero es la cruda realidad: unos documentos clasificados sobre un tratado de libre comercio ―conocido como TTIP― entre la Unión Europea y los Estados Unidos permanecen custodiados dentro de una caja fuerte en una sala secreta de seis metros cuadrados ubicada en una de las dependencias del Parlamento Europeo. Solamente se ha podido conocer parte de estos documentos gracias a la filtración que se produjo mediante la plataforma Filtrala.org (el wikileaks español) en junio del año pasado, en la que se revelaban parte de las negociaciones. Los eurodiputados son los únicos que disponen de acceso limitado a esta sala ―hasta hace poco, solo lo tenían 150 de ellos―, donde se pueden consultar los documentos durante apenas dos horas y bajo una vigilancia permanente.El eurodiputado español Ernest Urtasun (ICV) ha relatado su desagradable experiencia al acceder a la reading room y consultar los papeles, para lo que tuvo que desprenderse incluso de su bolígrafo y firmar un acuerdo de confidencialidad de 14 páginas. El negociador por parte de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, asegura que los documentos relacionados con las negociaciones estarán cerrados durante 30 años. El 92 % de las reuniones que la Comisión ha celebrado a puerta cerrada han sido con lobbies empresariales. Los medios, por su parte, apenas dan relevancia a la opacidad con la que se está gestionando el proceso de negociación, por lo que no existe un debate público acerca de las ventajas y los inconvenientes del TTIP a pesar de las profundas consecuencias que pueda tener en nuestras vidas. Parece una película de conspiraciones, pero es lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué hay tanto secretismo y oscurantismo en torno al TTIP? ¿Qué es lo que contienen estos documentos?

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión (conocido por sus siglas en inglés, TTIP) es un tratado entre la UE y los EEUU actualmente en proceso de negociación para tratar de instaurar el mayor mercado libre del mundo entre ambos bloques económicos. Sus dos principales objetivos son eliminar las barreras arancelarias y armonizar la regulación relativa a su circulación. Es decir, homogeneizar (a la baja) aquellas leyes de protección social, laboral o medioambiental que puedan obstaculizar el comercio libre entre los distintos marcos normativos. Algunos de los puntos más conflictivos que se están debatiendo y negociando son la posible entrada de productos transgénicos a la UE, la expansión del fracking, la regulación de los derechos laborales o los efectos en el sector sanitario. En las viñetas creadas por los Amigos de la Tierra, se resumen algunas de las peores posibles consecuencias de la implantación del TTIP.

Me parece inadmisible que en los tiempos que corren se esté negociando en Bruselas un tratado de tal relevancia con tanta opacidad y de espaldas a una ciudadanía que cada vez tiene más motivos para desconfiar de las instituciones europeas. La transparencia y la información de lo que se debate en los parlamentos deberían ser dos de los pilares fundamentales de una verdadera democracia. Ante el secretismo del tratado, numerosas organizaciones e iniciativas como Stop TTIP, ATTAC o Ecologistas en Acción han hecho un llamamiento para participar este 18 de abril en la jornada internacional de protesta contra el TTIP (el Día Global de Acción) con el fin de detener los acuerdos de libre comercio e inversiones. Entre los eurodiputados más críticos con el tratado se encuentran Marina Albiol (IU), Lola Sánchez (Podemos) o Florent Marcellesi (Equo), quienes han participado en este vídeo alertando sobre los peligros del TTIP y animando a que la gente se movilice el sábado en las calles. Porque el mejor antídoto contra el TTIP es precisamente alertar e informar a la ciudadanía de las posibles consecuencias del tratado. Como dijo Susan George, una de las cabezas más conocidas en la lucha contra el TTIP, al que bautizó como el «tratado vampiro», «Si sacamos el vampiro a la luz del día, retrocede y se muere».

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El ciudadano-político incumplidor

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Los numerosos escándalos que salpican la política en España y en los países del entorno ofrecen, sin lugar a dudas, motivos suficientes para la desafección y el creciente sentimiento de hartazgo de los ciudadanos respecto de la clase política. Los reiterados casos de corrupción protagonizados por políticos, que son quienes deberían garantizar la buena gestión de la cosa pública, junto con la larga lista de incumplimientos e incoherencias por parte de la clase política, no hacen sino incrementar el desprecio de los ciudadanos y, sobre todo, su desconfianza en todo aquel que se presente como un político clásico, al tiempo que debilitan la imagen de las instituciones que, en principio, deberían transmitir confianza al ciudadano.

Los incumplimientos puntuales del programa electoral de un partido no tienen por qué alarmar a los ciudadanos, habida cuenta de todos los imprevistos que pueden surgir durante el mandato, algo totalmente distinto de los incumplimientos sistemáticos del programa electoral con que determinadas formaciones políticas consiguen convencer a sus votantes. Sin ir más lejos, la elección del actual presidente francés, François Hollande, por el programa presentado y el incumplimiento casi sistemático de dicho programa, no deja a nadie indiferente. El golpe de timón a la derecha totalmente imprevisible de la izquierda más esperanzadora es un engaño que en un Estado democrático debería ser suficiente para deslegitimar al Gobierno y permitir la convocatoria de elecciones adelantadas por mandato constitucional mediante algún mecanismo de petición social. Si los ciudadanos deben esperar cuatro o cinco años para censurar el desenfreno de un Gobierno, con las múltiples implicaciones sumamente negativas para la eficacia y eficiencia de un sistema que pretende ser abanderado de la defensa de los intereses ciudadanos, el sistema cojea en un elemento importante que merece ser reconsiderado.

Con todo, si hay algo de lo que cada día estoy más convencido es de que el político al que reprobamos es un ciudadano. Un ciudadano, sí. Igual al que le denuncia y le condena. Un ciudadano incumplidor que no deja de ser, en general, el reflejo del funcionamiento de la sociedad. El incumplimiento como rasgo de carácter, y el quizás poco o insuficiente énfasis en el fomento de determinados valores tales como la transparencia, la seriedad y otros muchos necesarios a todos los niveles, son a lo mejor los motivos de tantos incumplimientos en la gestión de los intereses generales. En efecto, la vida privada de Hollande, marcada por sucesivos episodios de poca seriedad e incumplimientos en su vida privada, se proyecta en su gestión presidencial y la mancha desastrosamente.

Cuando incumple un político, incumple un ciudadano. Por tanto, lo que deberíamos empezar por preguntarnos quizá sea cuáles son los valores que, explícita o implícitamente, fomentamos en la sociedad. El político sigue siendo un ciudadano, pero deja de hacerle honor cuando se convierte en una máquina defensora de intereses propios y egoístas a los que hay que poner límites por la vía más sensata, esto es, la educación y el ejemplo, que son la mejor forma de inculcar valores en la sociedad. Cuando abunda la corrupción, abunda la carencia de valores básicos de los cuales una sociedad no puede o no debería, en ningún momento, prescindir.

Dejemos de ver al político solo como tal y miremos alrededor para ver si hay sentido del compromiso y seriedad en la gente que nos rodea. Quizás deberíamos interesarnos por la vida privada de nuestros personajes públicos, nuestros políticos. Al hacerlo, puede que no consigamos saber en quiénes confiar con certeza, pero al menos descartaremos a quienes no son dignos de nuestra confianza. El político al que reprobamos no es más que un ciudadano incumplidor. Es seguramente un hombre de principios, pero si por algún motivo a alguien no le gustan, tiene otros. Sí, así es, Groucho.

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Guía práctica de ‘lobby’ ciudadano

Global communications

Cuesta asimilar las escalofriantes cifras de la corrupción en España durante los últimos años: 1700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales y más de 500 imputados, tan solo veinte de los cuales cumplen condena en prisión. Más difíciles de digerir todavía, como clavos ardiendo, son los casi 7000 millones de euros defraudados a las arcas públicas desde el año 2000, si solamente sumamos las cantidades defraudadas en el caso Malaya (2400 millones), el caso de los ERE (1200 millones), el caso Edu (2000 millones), el caso Gürtel (120 millones) y otros fraudes como el del caso Palma Arena. Un número que podría ser mucho mayor si tuviésemos en cuenta, por ejemplo, los 3000 millones de euros derivados del posible blanqueo de dinero de Oleguer Pujol. Según un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas en 2013 que tiene en cuenta una dimensión mucho mayor que la que reflejan las estadísticas oficiales, el coste social de la corrupción en este país se estima en 40 000 millones de euros anuales.

No es de extrañar, pues, tras repasar todos estos datos, que la corrupción siga siendo el segundo problema que más preocupa a la sociedad española, según el Barómetro del CIS. De hecho, España fue el segundo país tras Siria donde más aumentó la percepción de la corrupción en 2013 y descendió diez posiciones en el Índice de Percepción de Corrupción, de acuerdo con un informe de la ONG Transparencia Internacional. Además, la Comisión Europea aún ve insuficiente la futura Ley de Transparencia propuesta por el Gobierno porque carece de mecanismos independientes de control, y pide que se realice una auditoría externa anual de cada formación política y que se publique en línea su cuenta de resultados. Un sistema de transparencia que podría parecerse, por ejemplo, al establecido actualmente en el Reino Unido, donde el ciudadano goza de mayor acceso al diputado y de información detallada sobre su trabajo, controlado mediante la web TheyWorkForYou, como se recuerda en el episodio Sin Transparencia del programa Salvados. En cambio, aquí las declaraciones de bienes que nuestros diputados presentaron en el Congreso en agosto estaban llenas de imprecisiones, hasta tal punto que hay quienes declararon poseer vehículos de la marca coche.

Si analizamos los principales motivos de la corrupción, destacan la avaricia de los dirigentes políticos, la falta de principios éticos para desempeñar los cargos públicos y la opacidad en la gestión de los recursos estatales. Como ciudadanos comprometidos, podemos intervenir en las dos primeras causas tratando de fomentar la sensibilidad ante la corrupción, concienciando sobre los daños que ocasiona y educando en la honradez. Respecto al tercer motivo, podemos promover una mayor transparencia en las gestiones estatales para garantizar un control más estricto de las instituciones públicas.

Últimamente han salido a la luz nuevas herramientas que proponen mecanismos de control sobre el gasto público para fomentar la transparencia y el empoderamiento ciudadano. Por ejemplo, la Fundación Ciudadana Civio está desarrollando diversas plataformas que facilitan a los ciudadanos información sobre la gestión pública y sobre la rendición de cuentas de las instituciones. En Quién Manda se configura un mapa de poder en España con el objetivo de revelar esos vínculos, regular los lobbies y demandar que se publiquen las agendas de trabajo completas de los cargos públicos. El proyecto ¿Dónde van mis impuestos?, también impulsado por Civio, muestra claramente cómo se distribuye nuestro presupuesto, de dónde vienen nuestros ingresos y a qué se destinan. Con el mismo objetivo de fomentar la transparencia y la participación ciudadana, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ha creado los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM), formados por personas de un mismo municipio que tienen como finalidad explicar de manera sencilla cómo se gestionan los presupuestos aprobados por los Ayuntamientos y cuáles son los derechos que, como ciudadanos, podemos exigir. La página web Sueldos Públicos es el primer medio digital que da a conocer de forma libre y contrastada los salarios de los cargos públicos a fin de informar sobre la gestión de nuestros políticos. En la misma línea, la iniciativa Qué hacen los diputados informa sobre la trayectoria profesional y política de los 350 diputados del Congreso, así como sobre sus declaraciones de bienes, comparecencias y votaciones en pleno.

La lucha contra la corrupción y la opacidad en las gestiones públicas sigue siendo la máxima prioridad en un país en el que se acaba de conocer que consejeros y directivos de Caja Madrid gastaron 15 millones de euros mediante el uso de tarjetas de crédito facilitadas por la entidad y ocultas al fisco. Ni que decir tiene que el remedio más fiable para erradicar la corrupción y la defraudación solo puede componerse de transparencia, más transparencia y mucha más transparencia.

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