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Hepatitis C: pacientes ‘impacientes’

Más que una tumba

Molesto debe de estar ya el Gobierno con la famosa Plataforma de Afectados por Hepatitis C. ¿Qué parte de «Hay que ser pacientes» no han entendido? Qué manía con quererlo todo ya. ¿Cómo hacerles entender que las prisas son malas consejeras y que, por lo tanto, hay que ir despacio? Definitivamente, a estos pacientes hay que enseñarles a paliar su gran carencia en un valor tan fundamental para el ser humano como la paciencia, deben de pensar nuestros gobernantes. Habida cuenta de que el precio por persona de la combinación de los fármacos más eficaces contra la hepatitis C en España ronda los 50.000 euros, el Ministerio de Sanidad ha decidido restringir la aplicación del tratamiento a los casos más graves, lo que condena a muchos afectados a una angustiosa espera con el consiguiente riesgo de sufrir complicaciones médicas; entre ellas, la posibilidad de desarrollar hasta cáncer de hígado. Con estos fármacos, además de evitar un sufrimiento innecesario a los afectados y a sus familiares, el Estado también podría ahorrar millones de euros en concepto de visitas médicas, bajas laborales y tratamientos adicionales por prolongación de la enfermedad.

No será por falta de dinero: la sola suma de las cantidades defraudadas en el caso Malaya (2400 millones de euros), el caso de los ERE (1200 millones), el caso Edu (2000 millones), el caso Gürtel (120 millones) y otros fraudes como el del caso Palma Arena asciende a 7000 millones de euros, lo que permitiría cubrir con creces ese coste. Y hay más: recientemente, la organización Oxfam Intermón denunció que con el dinero defraudado a Hacienda cada año (59.500 millones de euros) podría sufragarse todo el gasto sanitario anual de España (57.000 millones). Un fraude, dicho sea de paso, que según se estima, corresponde en la mayor parte (72 %) a grandes fortunas y grandes empresas. La medida del Gobierno que pretende proporcionar el tratamiento a una parte del colectivo es claramente insuficiente al no cubrir las necesidades totales, y, por lo tanto, no responde a la realidad social. Según David Hammerstein, antiguo eurodiputado español, solo los fármacos genéricos podrían garantizar a los afectados el acceso al tratamiento debido, ya que el precio quedaría reducido a una pequeña fracción del actual. Los beneficios privados, defiende, no pueden poner en jaque, y menos aún de forma tan despiadada, el bien público de la sanidad y su acceso socialmente equitativo y universal.

Si los titulares de las patentes no deciden bajar el arbitrario precio de los fármacos de manera razonable para que todos los necesitados puedan tener acceso a ellos en condiciones de igualdad, el Estado está obligado a defender los intereses ciudadanos frente a los de estas compañías privadas enfrentándose a sus derechos de propiedad intelectual, ya que legalmente ningún derecho es ilimitado. En este sentido, el derecho internacional legitima, en algunos casos, a cualquier Gobierno nacional a emitir una licencia para fabricar un medicamento genérico al margen de cualquier patente. Si varios países -entre ellos los Estados Unidos- han recurrido ya a este mecanismo para limitar los daños del ejercicio antisocial del derecho de propiedad intelectual, ¿por qué no lo hace España en una situación como la actual? Es en estos casos cuando debemos recordar que la política es una necesidad: hacer política es decidir anteponiendo determinados intereses a otros cuando ambos son claramente incompatibles. Es obvio que lo que pone en evidencia esta situación no es más que una forma concreta de hacer política; un claro ejemplo de cómo unos hacen política para otros. Por ello, los ciudadanos, en lugar de la retaguardia, siempre deben ocupar la vanguardia de la política. En un caso como este, ¿qué hacemos?, ¿priorizamos los intereses de las farmacéuticas por enriquecerse de forma despiadada, o protegemos los derechos de los ciudadanos a la salud y a la vida? En esta carrera contrarreloj, las víctimas siempre serán los pacientes. No hay derecho.

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La guerra contra las mujeres: romper el silencio

La guerra contra las mujeres

«Me violaron tres hombres. Cuando acabaron, cerraron la puerta y se fueron». Así comienza el impactante y desgarrador documental La guerra contra las mujeres, de Hernán Zin, que denuncia las violaciones sistemáticas en países como la República Democrática del Congo, donde la violencia sexual se usa como arma de guerra y los cuerpos de las mujeres se convierten en el campo de batalla de los hombres. El documental, proyectado el 4 de diciembre en la sede del Parlamento Europeo en Barcelona para conmemorar el Premio Sájarov 2014, otorgado al ginecólogo congoleño Denis Mukwege, cuenta con testimonios de mujeres que han sido víctimas de violaciones en distintos conflictos bélicos, como los de Serbia, Uganda o Ruanda, y que han tenido que sufrir en silencio los horrores, desprecios y abusos que, en la mayoría de los casos, han quedado impunes e ignorados por la comunidad internacional.

«Esta cultura de la impunidad contribuye a fomentar el machismo en estos países y a incrementar el número de violaciones, que ya no son solo producidas por soldados», comentaba Bru Rovira, periodista y corresponsal de guerra, en el debate que tuvo lugar después de la proyección, en el que participaron asimismo el también periodista Ramón Lobo, Sergio Martín, de Médicos Sin Fronteras, y Sergio Carmona, productor del documental. Este último afirmó que durante el rodaje comprendió el verdadero significado de la palabra resiliencia, ilustrado, por ejemplo, en el caso de Florence, una joven víctima de abusos sexuales en Uganda que tiene que sufrir en silencio el daño causado por la indiferencia de su comunidad. No en vano «las mujeres son violadas para humillar y aterrorizar a toda la comunidad. La peor consecuencia es psicológica porque, dentro de la cultura congoleña, ser víctima de una violación supone una vergüenza familiar», sostiene la activista Rose Mutombo, presidenta del Cuadro Permanente de Concertación de la Mujer Congoleña. Para terminar con esta permisividad generalizada es necesario dar voz a dichas mujeres para que puedan denunciar sus historias, condenar a los culpables y ser reconocidas como víctimas por la sociedad.

Según un estudio del American Journal of Public Health publicado en 2011, la República Democrática del Congo es el país donde más violaciones se registran, 48 cada hora, lo que llevó a The New York Times a retratarlo como «el peor lugar de la Tierra para ser mujer». Dadas las circunstancias, toda ayuda, por mínima que parezca, es más necesaria y urgente que nunca, empezando por la concienciación humanitaria. Por ejemplo, la activista congoleña Caddy Adzuba está recogiendo firmas para pedir a la comunidad internacional que se cumpla la resolución aprobada por las Naciones Unidas en el año 2000 que insta a la protección de niñas y mujeres en los conflictos armados. Sin olvidar la importancia de las labores humanitarias desempeñadas por organizaciones como Médicos Sin Fronteras y por profesionales como el galardonado doctor Mukwege, que ha dedicado toda su vida a tratar los daños patológicos y psicosociales causados por la violencia sexual para que las mujeres puedan reinsertarse en la sociedad y las niñas vuelvan a las escuelas.

Las escalofriantes cifras que aparecen a lo largo del documental resultan demoledoras: 40 000 mujeres violadas durante el conflicto de Bosnia, 200 000 en el Congo y casi 500 000 en Ruanda. Detrás de estos números, seguramente todavía más elevados debido al silencio impuesto tras las agresiones, es importante rescatar las historias que permanecen escondidas e ignoradas por los grandes medios de comunicación para dar voz a las víctimas de una violencia discretamente aceptada, como reivindicaba Lobo al término del coloquio. Si queremos romper este silencio e impedir que historias como la de Florence, entre otras muchas, caigan en el olvido, se necesitan más documentales como La guerra contra las mujeres y periodistas como Bru Rovira y Ramón Lobo, que puedan contar las verdades incómodas que muchos no quieren ver y dar visibilidad a lo que otros tantos no quieren que salga a la luz.

«Yo tengo que morir y una parte de mí seguirá navegando.»
César debe morir (B.S.O. La guerra contra las mujeres) – Bebe.

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Cataluña y el derecho a ingerir

Cataluña y

El eterno secuestro del debate político y de la actualidad catalana por el proceso soberanista preocupa cuando borra prácticamente de la agenda todos los demás temas, por más trascendentales que sean, en aras de un derecho superior a cualquier otro: el derecho a decidir. No pretendo con este artículo criticar el proceso soberanista catalán; no creo que se trate de un asunto de menor importancia que deba relegarse a un segundo plano, dado el peso ciudadano involucrado. Mi intención no es evaluar la relación entre el Gobierno central y Cataluña. Tampoco me quita el sueño el hecho de posicionarme sobre un tema tan sensible como esta pugna incesante aún sin fecha de caducidad. La verdad es que me niego a pronunciarme sobre la legitimidad del proceso soberanista, sobre si la soberanía reside únicamente en el pueblo español en su conjunto o si el respeto a las minorías reconocido en la Constitución española y la institución del Estado español como democrático dan encaje a dicho proceso aun sin reformar la Constitución actual, como defienden determinados académicos de Derecho. No vengo a cerrar filas, porque el debate ya está más que ventilado. No obstante, creo que hay otros temas que merecen un empeño igual o, cuando menos, similar, un interés parecido al suscitado por el derecho a decidir: el derecho a ingerir.

El hecho de que 69000 niños en Cataluña reciban ayuda para comer refleja claramente la situación económica en la que se encuentran muchas familias. Una situación que, sin embargo, no parece tan alarmante, ya que en ningún momento ha moldeado seriamente el debate político catalán, estancado desde hace años -y a saber por cuántos más- en el proceso soberanista. De ahí que, ahora más que nunca, sea tan necesario considerar la factibilidad de aportar una solución duradera a este problema, que afecta a una cantidad importante de familias. No creo que haga falta comparación alguna, porque, independientemente de la situación de las demás comunidades autónomas, la realidad no dejará de ser como es: alarmante y triste.

Por otra parte, mientras logramos que estos niños que lo necesitan ingieran alimentos en condiciones, no está de más que aprendamos a digerir la situación política en los dos bandos que lideran y atizan el debate soberanista. Debemos estar más que listos para asimilar las consecuencias de las acciones políticas derivadas tanto del activismo soberanista catalán como del silencio, la negativa y el constante ataque y contrataque del Gobierno central. De lo contrario, dado que próximamente tocará digerir los sabores y sinsabores políticos y asumir responsabilidades políticas, Cataluña y el resto de España harían bien en empezar a prepararse para afrontar un malestar general que será difícil de aliviar, y más aún de solucionar o encubrir.

El derecho a ingerir no es menos prioritario y merece el empeño suficiente para aportar una solución proporcional a su magnitud. En los tiempos que corren, dudo que pueda negarse que ingerir y digerir son igual de importantes. Recordémoslo, no sea que a alguien, por casualidad, se le haya olvidado.

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Europa: o todo o nada

Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, pero bien poca resonancia parecen tener entre gran parte de la ciudadanía que las relega a un segundo plano como si en absolutamente nada la concerniesen. La desafección política está consumada; es un hecho. La impasibilidad de que dan muestra los ciudadanos frente a las próximas elecciones parece encontrar su explicación en la creencia de que son prácticamente incapaces de cambiar el rumbo de la atestada nave en la que viajan millones de europeos. Los protagonistas indiscutibles de las elecciones europeas son los políticos, que se nos presentan como los únicos que realmente tienen algo que ganar. La indiferencia de gran número de ciudadanos es una clara manifestación de este sentimiento. Ante esta realidad, se impone una pregunta urgente: ¿hacia dónde vamos? O mejor dicho: ¿hacia dónde queremos ir?

La elevadísima tasa de paro en España, que afecta sustancialmente a los jóvenes, sigue dando escalofríos, y la inmediatez de las perspectivas de mejora no está a la altura de las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. ¿De qué ha servido Europa en esta situación de crisis que con tanta dureza golpea a ciertos países de la Unión, entre ellos España? El deber de solidaridad se ha esfumado y ha dejado lugar a intereses nacionales encubiertos en aras de un interés colectivo cada día más desbaratado. Las políticas de austeridad supuestamente aplicadas por y para Europa están empujando a los ciudadanos al borde del peligroso abismo del peor de los desamparos. La solución —dicen— pasa por no gastar, y ello implica recortar gastos a cualquier precio. Sí, a cualquier precio. Y la moral de los ciudadanos se desmorona ante las acuciantes e insostenibles medidas impuestas, que los dejan al margen de las decisiones adoptadas y los someten a las soluciones más drásticas, habida cuenta de las consecuencias sociales que llevan aparejadas.

Muestra de esta falta de solidaridad son las recientes propuestas del Gobierno de Angela Merkel consistentes en expulsar de Alemania a todos los ciudadanos comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de seis meses, que resultan indignantes, o cuando menos preocupantes, por cuanto vulneran los principios fundamentales de la Unión Europea. Restringir estos derechos a los inmigrantes comunitarios, que no buscan sino mejorar sus condiciones de vida, es un claro síntoma de que, a estas alturas, la solidaridad en la Unión no es más que una ficción al servicio de unos pocos según les conviene. Al fin y al cabo, ¿quiénes dirigen desde Europa?, y ¿para quiénes? Por todo ello, permanecer impasible ante las próximas elecciones es un error. Es necesario apostar por aquellas opciones que velan de verdad por la mejora de la situación de los ciudadanos y, si no las hay, crear la alternativa necesaria.

Por otra parte, el riesgo de desmantelamiento de la Unión Europea desde dentro, de resultas del resurgimiento de ciertos partidos políticos claramente antieuropeístas, debe llevar a la ciudadanía a participar en las elecciones para ceder el timón a los que creen en un proyecto común para Europa, pero sobre todo a quienes dan prioridad a los ciudadanos, no solo antes de las elecciones sino también después; un trabajo que, pese a requerir tiempo, es perfectamente factible además de altamente aconsejable. ¿Quiénes están dispuestos a pelear por los derechos de la ciudadanía, a fomentar y, en su caso, a exigir solidaridad y reciprocidad dentro de la Unión? ¿Quiénes no toleran que los ciudadanos, las principales víctimas, sean los que realmente paguen el precio de la crisis? ¿Quiénes son capaces de luchar por una verdadera justicia social en Europa? Los ciudadanos deben exigir mecanismos de control más efectivos, que consisten en poder intervenir en las decisiones o, en su caso, en supervisar la gestión de los dirigentes con mayor frecuencia, tanto en los ámbitos nacionales como en el comunitario.

Así pues, los representantes de la Unión Europea deben asumir ciertos sacrificios en beneficio de la solidaridad y entender que los intereses colectivos europeos tienen que prevalecer sobre los suyos propios, porque esta Europa a varias velocidades solo es dignamente viable si está compensada por una buena dosis de fraternidad. Y es que la instrumentalización de la Unión Europea para enmascarar los verdaderos intereses de unos cuantos en detrimento de los colectivos es inadmisible. En este sentido, los ciudadanos europeos tienen en las elecciones una oportunidad única de hacer oír sus voces y de marcar el paso hacia la Europa que quieren; de lo contrario, corren el riesgo de seguir siendo víctimas de tantas y tan graves contradicciones como la que irónicamente aventura el periodista Iñaki Gabilondo: “terminarán obligándonos a fumar”.

Europa: o todo o nada. La regla es sencilla, y tiene que ser esta.

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El cuento de nunca acabar

Dicen que hemos salido de la recesión. Nuestros políticos se muestran prudentes ante el dato, lo mencionan con la boca pequeña. Quizá porque el aumento del producto interior bruto es tan reducido que no quieren arriesgarse a celebrarlo por si se produce una recaída. Quizá porque algo de vergüenza sí les queda y en el fondo saben que airearlo como una victoria sería, para muchos a los que la crisis ha dejado sin casa o sin trabajo, una broma de mal gusto.

La falta de entusiasmo por dicha salida de la recesión es patente también entre los ciudadanos, ¿cómo no iba a serlo? Paralelamente a las buenas noticias del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España se publican otras que nos informan de las crecientes desigualdades sociales. La oenegé Intermón Oxfam publicó recientemente un demoledor informe en el que alerta sobre la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Incluso el señor Trias, alcalde de Barcelona, reconoció el viernes 31 de enero la “fractura social” que diferencia los barrios ricos de los pobres de esta ciudad, que se ha frenado en el último año pero que sigue siendo alarmante. Claro que no es un dato nuevo. Ya en 2012 pudimos leer que la esperanza de vida de un vecino del barrio del Raval podía ser hasta ocho años menor que la de uno de Pedralbes.

La crisis nos ha tocado, pero todavía no estamos hundidos. Por suerte, la solidaridad ciudadana ha aumentado: se han creado bancos de alimentos en los barrios; en los edificios se buscan soluciones prácticas para aquellas familias que no pueden afrontar los gastos de comunidad; proliferan las cooperativas de alimentos, los huertos urbanos, los grupos y las páginas en las redes sociales para ayudarse mutuamente en la búsqueda de empleo, y los bancos de tiempo son ya una noción asentada. La cruda realidad nos ha vuelto más empáticos. A finales de 2013, la Taula del Tercer Sector de Catalunya publicó su anuario y, con él, nos demostró a todos que la voluntad es clave en la eficiencia del sistema: con menos trabajadores y menos entidades, y con el mismo presupuesto que en 2007, el tercer sector catalán atendió al 25 % más de personas que cuatro años antes.

El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que las medidas de austeridad no han dado los resultados que esperaban. Aquí, estamos viendo menguar nuestros derechos en favor de la recuperación económica que no acaba de llegar y que, cuando lo haga, no nos hará olvidar lo sufrido ni nos garantizará la devolución automática de los beneficios que hemos perdido. Debemos reclamar a la clase política que tome ejemplo de los ciudadanos, que arrime el hombro y que no incurra en la reducción del gasto en políticas públicas y prestaciones sociales que dificulta la ya de por sí vulnerable situación de los menos favorecidos. Que desoigan los cantos de sirena de quienes tienen los bolsillos llenos. Un error grave de los dirigentes es olvidar cómo han llegado a su posición y por qué disponen de poder. Necesitamos humildad y buena voluntad en la política. Solo así será posible remontar esta maldita crisis y hacer, al fin, borrón y cuenta nueva.

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