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Rescatemos a los autónomos

Rescatemos a los autónomos

Con una tasa de desempleo juvenil que alcanza el 53,8%, un servicio público que continúa colapsado y las grandes empresas escudándose en la crisis para seguir precarizando a sus trabajadores, el autoempleo se perfila como una de las pocas opciones profesionales para buena parte de los jóvenes españoles. Sin embargo, adentrarse en la aventura emprendedora en este país puede convertirse en una verdadera carrera de obstáculos que el trabajador por cuenta propia tendrá que sortear solo para empezar, lo cual no garantiza -ni mucho menos- la viabilidad económica de la empresa a largo plazo.

Ante todo, el autónomo debe enfrentarse a los trámites burocráticos que requiere la creación de una nueva empresa o la declaración de inicio de una actividad económica profesional. A pesar de que España ascendió el año pasado desde el paupérrimo puesto 142 hasta el 33 en facilidad para crear empresa según un informe del Banco Mundial, todavía estamos por debajo de la mayoría de los países de la zona euro, y son necesarios seis procedimientos y 13 días de media para que una empresa eche a andar. Unos trámites que a menudo deben realizarse presencialmente y a los que hay que sumar, una vez iniciada la actividad, la farragosa burocracia periódica y las lamentables condiciones impuestas por la Administración, según las cuales los errores o los descuidos solo se pagan caros cuando los comete el autónomo.

Sin embargo, la verdadera odisea emprendedora comienza al afrontar las elevadas cuotas de cotización a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: unos 265 € mensuales sobre la base mínima. Esto es: más de 3000 € de gastos fijos anuales solo en cotizaciones, que no incluyen, entre otras, la prestación por desempleo. Ante esta realidad, las medidas propuestas por el Gobierno en su habitual política parchista pecan de precipitadas y están pensadas únicamente a corto plazo, y demoran y tapan con lodo el problema de fondo en lugar de solucionarlo. A la cacareada tarifa plana de 50 € para fomentar el autoempleo es difícil acogerse debido a las numerosas limitaciones e incompatibilidades, y en todo caso se aplica solo durante seis meses, tiempo a todas luces insuficiente para asentar la actividad económica de cualquier empresa. Mientras tanto, en países vecinos como Francia o Portugal, las cotizaciones se calculan en función de los ingresos reales, una fórmula proporcional que permite afrontar con más facilidad los primeros años de establecimiento del negocio. Recientemente, la revista Forbes ha publicado una lista comparativa con las condiciones, cuotas y pagos que corresponden a los autónomos en distintos países europeos que deja en evidencia las carencias -y la tremenda desproporción- del sistema de cotización en España.

Además de abonar la cuota mensual de 265 €, el autónomo debe hacer frente a las declaraciones trimestrales del IVA y retenerse un porcentaje mínimo del 15% a cuenta del IRPF en las facturas, lo que merma considerablemente su liquidez. Por una parte,el rotundo fracaso del IVA de caja, un criterio de pago reclamado por los autónomos durante muchos años, arroja aún más luz a la estremecedora realidad económica de un Estado en gran medida financiado -a coste cero y en condiciones envidiables- por sus trabajadores por cuenta propia. Por otra parte, el sistema tributario español actual está diseñado para favorecer a las grandes fortunas mediante una estructura impositiva regresiva gracias a las sucesivas reformas del IRPF impulsadas durante los últimos años, que han ido reduciendo la presión fiscal sobre las rentas más elevadas a expensas de la ejercida sobre la clase media. Por si fuera poco, no contentas con las ventajas fiscales que benefician a las grandes compañías, ciertas multinacionales -entre ellas el 95% de las empresas del Ibex 35facturan en España pero pagan sus impuestos en paraísos fiscales, y lo hacen amparadas por la ley. Como se recuerda en el episodio «Emperdedores» de Salvados, Google tributa el 40% en Estados Unidos y el 4% en el resto de los países. Así, mientras las pequeñas economías se asfixian y muchas de ellas se ven obligadas a sumergirse para subsistir, las grandes empresas nadan a sus anchas como tiburones en la superficie y presionan para imponer sus propias condiciones amenazando con trasladar sus capitales a otros países.

Las dificultades burocráticas, las desproporcionadas cuotas de cotización de los autónomos y las injustas contribuciones fiscales suponen una inmensa barrera para los jóvenes -y no tan jóvenes- que quieren emprender en este país. Cada día aparecen nuevas peticiones para exigir cuotas más asequibles y proporcionales a la facturación efectuada o una legislación fiscal empresarial que sea justa y equilibrada. Si queremos fomentar la cultura emprendedora y la creación de nuevas empresas para reactivar la economía española, habrá que empezar por plantearse si las condiciones para ello resultan las más adecuadas. O cambiamos las reglas del juego o los autónomos están condenados a perder antes siquiera de empezar la partida. Rescatemos a los autónomos. Todavía estamos a tiempo.

Entrada en El Huffington Post

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La política como necesidad

2014-12-17-Lapolticacomonecesidad

Si los ciudadanos aspiramos a cambios reales y duraderos en la sociedad, la política deja de ser automáticamente una opción cualquiera. Por más que lo parezca, la política no es el arte de marear la perdiz. Hacer política es decidir: apostar por anteponer determinados intereses a otros cuando son claramente incompatibles, o cuando los consideramos sencillamente ilegítimos. En este sentido, la desafección política en una sociedad es un suicidio ciudadano colectivo, por lo que el divorcio de esta con aquella -bajo el riesgo de que seamos constantemente víctimas del «cambiémoslo todo para que todo siga igual»- no debe tardar en consumarse a fin de que podamos aspirar a una sociedad mejor: aquella en la que caben todos los colectivos con sus reivindicaciones en condiciones de igualdad.

Si creemos que el Estado debería invertir más en sanidad, educación, I+D y cultura; que los derechos de los ciudadanos peligran en muchos ámbitos, como el laboral, y deberían ser blindados; que los recortes en sanidad son ataques frontales al derecho a la vida de numerosísimas personas; que es insultante que el rescate de la banca se haga con dinero público mientras sus beneficios son exclusivamente privados; que los jueces no son suficientemente independientes; que la televisión pública está supeditada a intereses particulares; que los bancos han estafado impunemente y de forma descarada con las preferentes; que la corrupción es una plaga que hay que erradicar, y contra la cual hay que legislar sin concesiones; que el indulto es uno de los instrumentos más antidemocráticos en las sociedades democráticas de hoy en día, y hay que suprimirlo o, cuando menos, limitarlo a contadas circunstancias, y que, a estas alturas, es imprescindible una reforma constitucional, entonces necesitamos hacer política.

Si pensamos que la desigualdad social en España es preocupante; que los derechos de las personas con discapacidad física son innegociables; que hay todavía mucho por hacer para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; que la política no puede servir para promocionar intereses privados en detrimento de los públicos; que es un total sinsentido que los intereses de la deuda prevalezcan sobre cualquier derecho o interés de los ciudadanos; que un Gobierno en una situación de crisis económica como la actual debería, para garantizar el derecho a la vivienda digna, restringir las condiciones para desahuciar a familias enteras; que la dignidad humana es el primer límite al poder político…; y si nos negamos a aceptar que España no es país para jóvenes; si sostenemos que la libertad de prensa no debería ser coartada; que la ley mordaza es una ofensiva contra los derechos de los ciudadanos a defender libre y legítimamente sus reivindicaciones; en definitiva, si creemos que la política debe estar al servicio de la ciudadanía, debemos hacer política.

La política es indisociable de todos los cambios estructurales necesarios para la construcción de la sociedad a la que aspiramos. Es la herramienta idónea para redefinir una sociedad capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos y resistir la tiranía de los poderes financieros, que esclavizan cada vez más a los Estados. Es más que obvio que la renovación de la clase política y estos cambios no se conseguirán únicamente a golpe de tuit, sino que hace falta una implicación ciudadana directa. O somos los ciudadanos quienes decidimos, u otros decidirán hasta lo impensable por nosotros. Queramos admitirlo o no, la política es una necesidad. Más aún: es el verdadero campo de batalla.

Entrada en El Huffington Post

Contrato de prácticas

Acabas la carrera, o estás a punto de terminarla. Te planteas la idea de iniciarte en el mundo laboral de lo que has estudiado. Envías algún currículum sin demasiado éxito, por no decir ninguno. Vale, todos sabemos que “la cosa está mal”, pero no deja de resultar un poco frustrante. Te empiezas a informar, decides preguntar a conocidos de la facultad cómo les ha ido al terminar la carrera. Algunos te cuentan que, cansados de buscar trabajo, decidieron seguir estudiando, ya sea un máster o similares. Otros sí que trabajan, pero en empleos sin ninguna relación con sus estudios; de hecho, no necesitan esa preparación para el trabajo que desempeñan, y se sienten algo decepcionados: “Sigo buscando de lo mío, pero de momento no sale nada y continúo aquí”, dicen. Y los sueldos no son para tirar cohetes, por supuesto.

Las gran mayoría de las personas que conozco que desempeñan trabajos relacionados directamente con sus estudios tienen un contrato de prácticas o de becario. No hace mucho, por ejemplo, supe de la situación de una compañera de la facultad que estaba muy contenta porque acababa de terminar la carrera y ya tenía “trabajo” gracias a que había podido firmar un convenio de prácticas con la universidad y la empresa, y más contenta aún porque le pagaban un sueldo —que no le llega ni para ser mileurista— por ocho horas diarias. ¿A qué situación hemos tenido que llegar para que un recién licenciado, que ha pasado más de cuatro años entre libros queriéndose labrar un futuro digno, se alegre, y mucho, de tener un empleo tan precario?

En España, esta práctica está muy extendida. Sin ir más lejos, algunos de los integrantes de este blog han trabajado con este tipo de contrato. El del becario a menudo se podría describir como un trabajo con pocas responsabilidades en el que se cobra bastante poco; sin embargo, no por eso trabaja menos. Muchas veces estos contratos son tan abusivos que sus “beneficiarios” trabajan prácticamente tanto como otro empleado más de la empresa; eso sí, cobrando mucho menos. A veces incluso les dan la esperanza, no muy clara, de un futuro contrato fijo. Es obvio que para las empresas la jugada es ideal.

El problema es que a menudo (aunque no siempre) se cometen graves abusos, especialmente en España, como demostraron los resultados de una encuesta publicada por la Comisión Europea, y la consecuente advertencia por parte de dicha organización, en los que se reflejaba la precariedad de estas condiciones laborales.

Aunque sin duda lo peor de todo es la dinámica a la que nos ha arrastrado esta situación. Porque ¿qué ocurre si te ofrecen un contrato de prácticas de seis meses, a una hora de transporte de tu domicilio, por ocho horas al día sin cobrar remuneración alguna? Que si tú lo rechazas, alguien lo aceptará. Como ocurre con otras muchas prácticas abusivas, todo terminaría si nadie las tolerase.

En cambio, lo que más se oye decir es: “Ahora, si quieres entrar en el mundo laboral, es así, con un contrato miserable de prácticas y hasta que te quieran hacer fijo”. ¿Cómo hemos podido llegar a encontrar normal trabajar un número considerable de horas en unas condiciones tan precarias?

Entrada en El Periódico de Catalunya

Europa: o todo o nada

Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, pero bien poca resonancia parecen tener entre gran parte de la ciudadanía que las relega a un segundo plano como si en absolutamente nada la concerniesen. La desafección política está consumada; es un hecho. La impasibilidad de que dan muestra los ciudadanos frente a las próximas elecciones parece encontrar su explicación en la creencia de que son prácticamente incapaces de cambiar el rumbo de la atestada nave en la que viajan millones de europeos. Los protagonistas indiscutibles de las elecciones europeas son los políticos, que se nos presentan como los únicos que realmente tienen algo que ganar. La indiferencia de gran número de ciudadanos es una clara manifestación de este sentimiento. Ante esta realidad, se impone una pregunta urgente: ¿hacia dónde vamos? O mejor dicho: ¿hacia dónde queremos ir?

La elevadísima tasa de paro en España, que afecta sustancialmente a los jóvenes, sigue dando escalofríos, y la inmediatez de las perspectivas de mejora no está a la altura de las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. ¿De qué ha servido Europa en esta situación de crisis que con tanta dureza golpea a ciertos países de la Unión, entre ellos España? El deber de solidaridad se ha esfumado y ha dejado lugar a intereses nacionales encubiertos en aras de un interés colectivo cada día más desbaratado. Las políticas de austeridad supuestamente aplicadas por y para Europa están empujando a los ciudadanos al borde del peligroso abismo del peor de los desamparos. La solución —dicen— pasa por no gastar, y ello implica recortar gastos a cualquier precio. Sí, a cualquier precio. Y la moral de los ciudadanos se desmorona ante las acuciantes e insostenibles medidas impuestas, que los dejan al margen de las decisiones adoptadas y los someten a las soluciones más drásticas, habida cuenta de las consecuencias sociales que llevan aparejadas.

Muestra de esta falta de solidaridad son las recientes propuestas del Gobierno de Angela Merkel consistentes en expulsar de Alemania a todos los ciudadanos comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de seis meses, que resultan indignantes, o cuando menos preocupantes, por cuanto vulneran los principios fundamentales de la Unión Europea. Restringir estos derechos a los inmigrantes comunitarios, que no buscan sino mejorar sus condiciones de vida, es un claro síntoma de que, a estas alturas, la solidaridad en la Unión no es más que una ficción al servicio de unos pocos según les conviene. Al fin y al cabo, ¿quiénes dirigen desde Europa?, y ¿para quiénes? Por todo ello, permanecer impasible ante las próximas elecciones es un error. Es necesario apostar por aquellas opciones que velan de verdad por la mejora de la situación de los ciudadanos y, si no las hay, crear la alternativa necesaria.

Por otra parte, el riesgo de desmantelamiento de la Unión Europea desde dentro, de resultas del resurgimiento de ciertos partidos políticos claramente antieuropeístas, debe llevar a la ciudadanía a participar en las elecciones para ceder el timón a los que creen en un proyecto común para Europa, pero sobre todo a quienes dan prioridad a los ciudadanos, no solo antes de las elecciones sino también después; un trabajo que, pese a requerir tiempo, es perfectamente factible además de altamente aconsejable. ¿Quiénes están dispuestos a pelear por los derechos de la ciudadanía, a fomentar y, en su caso, a exigir solidaridad y reciprocidad dentro de la Unión? ¿Quiénes no toleran que los ciudadanos, las principales víctimas, sean los que realmente paguen el precio de la crisis? ¿Quiénes son capaces de luchar por una verdadera justicia social en Europa? Los ciudadanos deben exigir mecanismos de control más efectivos, que consisten en poder intervenir en las decisiones o, en su caso, en supervisar la gestión de los dirigentes con mayor frecuencia, tanto en los ámbitos nacionales como en el comunitario.

Así pues, los representantes de la Unión Europea deben asumir ciertos sacrificios en beneficio de la solidaridad y entender que los intereses colectivos europeos tienen que prevalecer sobre los suyos propios, porque esta Europa a varias velocidades solo es dignamente viable si está compensada por una buena dosis de fraternidad. Y es que la instrumentalización de la Unión Europea para enmascarar los verdaderos intereses de unos cuantos en detrimento de los colectivos es inadmisible. En este sentido, los ciudadanos europeos tienen en las elecciones una oportunidad única de hacer oír sus voces y de marcar el paso hacia la Europa que quieren; de lo contrario, corren el riesgo de seguir siendo víctimas de tantas y tan graves contradicciones como la que irónicamente aventura el periodista Iñaki Gabilondo: “terminarán obligándonos a fumar”.

Europa: o todo o nada. La regla es sencilla, y tiene que ser esta.

Entrada en El Periódico de Catalunya