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Guerra de medios: Prisa y los papeles de Panamá

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Esta semana los papeles de Panamá han puesto en el punto de mira a Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, tras conocerse que su exmujer, Teresa Aranda, figura como apoderada de la empresa Granite Corporation con sede en el paraíso fiscal de las Seychelles. Por otra parte, Cebrián es accionista de una petrolera llamada Star Petroleum de la que fue consejero hasta que dimitió en diciembre de 2015, poco después de que Prisa aprobase un nuevo código ético prohibiendo a sus directivos tener cuentas en paraísos fiscales. El principal impulsor de la petrolera, el empresario iraní Farshad Zandi, donó a Cebrián el 2% de la compañía según El Confidencial. Esto es todo lo que se ha sabido sobre los paraísos fiscales y Juan Luis Cebrián gracias los papeles de Panamá.

El grupo Prisa emitió el pasado martes un comunicado anunciando que emprende acciones legales contra LaSexta, Elconfidencial.com y ElDiario.es por vincular a Juan Luis Cebrián con los papeles de Panamá con “intenciones difamatorias”, pudiéndose convertir en la primera demanda contra periodistas por publicar los papeles de Panamá. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ya ha calificado de injustificada esta demanda. Además, este miércoles se ha sabido que la Cadena Ser (Prisa) ha despedido a Ignacio Escolar, director de Eldiario.es, como analista en la tertulia del programa Hoy por Hoy al mismo tiempo que ha prohibido a redactores de El País colaborar con La Sexta. Sin lugar a dudas, las represalias que ha tomado el presidente del grupo Prisa contra los medios y periodistas que han publicado los papeles de Panamá ha abierto un debate acerca de la libertad de información, ya que toda la información sobre Juan Luis Cebrián y los papeles de Panamá ha sido omitida en El País. Si bien uno de los argumentos de Prisa para denunciar a los medios es que la vinculación de Cebrián con los papeles de Panamá se produce de forma indirecta, El País también publicó noticias de forma parecida que enfocaban a Putin, Le Pen o Chávez con la aparición de su entorno en los papeles de Panamá.

En una sociedad tan dependiente de los medios de comunicación y que pueden tener tanta influencia en el panorama electoral, más que nunca resulta imprescindible la garantía de una información libre e independiente sea cuál sea el fondo de la publicación. Por otra parte, me ha sorprendido cómo un periódico con nombre de prestigio como El País haya estado pudiendo pasar de puntillas por una noticia tan relevante para la sociedad como son los papeles de Panamá. ¿Acaso sus lectores y suscriptores no merecen estar informados sobre las novedades de estos documentos?

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El escándalo de los papeles de Panamá: crónica de un crimen

Stand, sun, sea, palm beach chair. So one imagines a tax haven.

Si bien no me atrevería a sentenciar, bajo ningún concepto, que el escándalo de los papeles de Panamá es la crónica de un «crimen organizado», no tendría ningún reparo en señalar que se trata, a todas luces, del resultado de un innegable flirteo entre las élites económicas y políticas; todo ello ante los ojos de una ciudadanía incomprensiblemente pasiva. Es más, hasta podría reseñar la existencia de cierto beneplácito por parte de los poderes públicos, que no abordan esta compleja problemática con toda la seriedad que requiere. En este sentido, la implicación de casi dos mil españoles en este escándalo debe llevarnos, como mínimo, a reflexionar sobre las siguientes consideraciones.

Recordemos, en primer lugar, que la Constitución española prevé que todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos en condiciones de igualdad, de acuerdo con su capacidad económica. Ello impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones requeridas para que la igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva. Es más, en las primeras afirmaciones de la Carta Magna se destaca la necesidad de garantizar la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo. Es por ello por lo que los papeles de Panamá importan, y mucho, porque evidencian la injusta quiebra, por parte de algunos, de una igualdad imprescindible en la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, con una carga consecuentemente mayor sobre quienes menos recursos económicos tienen. Y lo que es peor: perjudica a los servicios públicos garantes de bienes jurídicos tan importantes como la educación y la sanidad pública, que hace aún más deficientes en una situación de crisis económica grave con recurrentes recortes millonarios. Es obvio que si los impuestos sirven para garantizar los gastos públicos, eludir su pago implica, en términos prácticos, el desmantelamiento de los servicios públicos. Además de hacer pagar a los más pobres una parte sustancial de lo que corresponde a los más ricos: el sumun del sinsentido.

Si eludir las responsabilidades tributarias tiene un impacto tan nefasto tanto en la igualdad entre los ciudadanos como en los propios servicios públicos necesarios en un estado de bienestar, el estricto cumplimiento de las normas deviene una imperiosa urgencia. Frente a una situación similar, un Estado de derecho debe recurrir a su mejor aliado, que son las normas que garantizan el cumplimiento de otras. El Código Penal español, en su exposición de motivos, reconoce que puede contribuir a la igualdad real y efectiva entre los ciudadanos. Y eso es justo lo que se ha de exigir: que el Código Penal, en la medida de lo posible, ayude a avanzar en este camino. Por ello, los delitos económicos deberían ser castigados con penas de cárcel no sustitutivas por multas económicas, a fin de disuadir a cualquier persona de sustraerse de sus obligaciones tributarias.

En conclusión, incumbe a la sociedad la obligación de dotarse de las herramientas necesarias y suficientes para hacer frente a uno de sus mayores retos: el fraude fiscal. Quiero pensar, quizá con razón, que recurrir al derecho penal debe ser el revulsivo de los estados democráticos y de derecho cuando el de las élites económicas consiste en agrandar aún más la brecha de la desigualdad. Es una cuestión de decencia.

Entrada en El Huffington Post