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Francia: el voto del miedo

Con más de cuatro millones de votos, la extrema derecha francesa, liderada por Marine Le Pen, se ha impuesto en las elecciones europeas como la primera fuerza política de Francia. Dicho en otros términos, se cuentan por millones los ciudadanos franceses que han visto en la xenofobia, el populismo y el ultranacionalismo una solución para salir de la crisis en la que se encuentra estancado el país. La instrumentalización tendenciosa de ciertos colectivos por determinados sectores y la manipulación de informaciones tanto por políticos como por ciertos medios de comunicación son factores claves para entender esta victoria más bien histórica del Frente Nacional francés.

Lamentablemente, parece imposible evitar que la historia se repita, incluso en sus etapas más trágicas. No olvidemos que una situación similar se vivió en Alemania hace menos de un siglo, cuando Adolf Hitler llegó a la presidencia mediante unas elecciones democráticas. No obstante, nadie en su sano juicio discute hoy el alto precio que la humanidad tuvo que pagar por sus ideas: ni más ni menos que un holocausto, uno de los acontecimientos más abominables de nuestra historia. La decepción de que se vuelvan a cometer los mismos errores es aún mayor cuando proviene de un país como Francia, con un perfil más bien respetado históricamente, cierto; aunque manchado con la sangre de millones de seres humanos esclavizados, sobrexplotados y tratados como meros objetos. Oh, la France ! ¡Qué recuerdos los de aquellos tiempos!

El discurso del miedo ha acabado imponiéndose en un contexto de desesperación de la ciudadanía francesa, desilusionada por la inoperancia práctica de sus partidos más representativos. François Hollande no ha estado a la altura de su presidencia, y ha roto innumerables promesas e ilusiones de un país cansado de la política de austeridad de su antecesor, Nicolas Sarkozy. Hollande, que en su campaña defendió contrarrestar la política de austeridad impulsada principalmente por Alemania, una vez en el Elíseo cedió casi automáticamente ante los designios de Berlín y hoy apoya las mismas políticas que tan enérgicamente rechazó en su campaña, base de los votos y el apoyo recibidos. Así fue como cayó rendido a los pies de quien realmente decide: Angela Merkel (y compañía).

La victoria de la extrema derecha en Francia es una de las consecuencias más graves de las promesas rotas por políticos que engañan a su población o que no han sabido defenderla debidamente y, por ende, plantarle cara a un sistema que casi reduce a los jefes de Estado a meros títeres. Sinfonía total en la política impuesta. El riesgo es que la población desesperada y frustrada se refugie pidiendo ayuda a lobos disfrazados de defensores, totalmente dispuestos a vulnerar sistemáticamente los derechos humanos. El hecho de buscar un chivo expiatorio en un colectivo que no sabe especular para eludir a los verdaderos responsables de la crisis económica ya se ha convertido en una constante, cuando todos sabemos quiénes son los verdaderos responsables.

Frente a esta realidad, creo oportuno reivindicar —y reivindico— una nueva separación de poderes y una nueva forma de organización del Estado moderno, para evitar que situaciones como esta se reproduzcan. La prensa, siempre que sea libre, debe constituirse como un cuarto poder, junto con el ejecutivo, el legislativo y el judicial, encargado este último de controlar la transparencia en materia de informaciones comunicadas para evitar que se distorsionen y lleven a situaciones de engaño de la sociedad entera. La prensa debe poder investigar a los responsables de los demás poderes e incluso a otros actores políticos, que están obligados a comunicar información veraz bajo pena de incurrir en la comisión de algún delito. Una prensa cuyos miembros sean votados por los ciudadanos, independientemente de la actividad de los medios privados existentes tanto nacionales como internacionales.

La desesperación, la venta de promesas a bajo precio y el discurso del miedo son fundamentales para entender la victoria de la extrema derecha en Francia. Esta victoria es un revés a la sensatez, y significa la culminación del engaño a gran escala. Hay que alertar del riesgo de que la extrema derecha se imponga en los países del entorno porque, al menospreciar la dignidad de colectivos enteros, es imposible que pueda contribuir al desarrollo de una sociedad moderna y libre.

Todo apunta a que la próxima Francia de Marine Le Pen será muy atractiva, a juzgar por las recientes declaraciones de su presidente de honor, Jean-Marie Le Pen, sobre la enfermedad del Ébola en África. A seguir, pues, construyendo este proyecto haciendo acopio, a la vez, de toda la tinta necesaria para escribir nuevas páginas de la historia pasando por encima de quien haga falta. Y dentro de algunos años, con un poco de conciencia, a pedir perdón por las barbaridades cometidas, como hizo Nicolas Sarkozy sobre las atrocidades perpetradas por la Francia esclavista durante siglos. La France! Cada día más atrayente.

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¿Primero los de casa?

A raíz de la crisis, se están imponiendo en España nuevas reglas de juego entre los inmigrantes, la población autóctona, el mercado de trabajo y las políticas sociales. Lo cierto es que, cuando las cosas iban bien, los extranjeros eran bienvenidos para trabajar en los sectores que los españoles descartaban, como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico. En este sentido, los extranjeros contribuyeron claramente al crecimiento de la economía española, con lo que se incrementó también el tamaño del mercado de bienes y servicios. Esto fue posible porque antes de la crisis existía cierta tolerancia al empleo sumergido de los inmigrantes irregulares, debido a la insuficiencia de la mano de obra española para trabajar en empleos mal remunerados.

Ahora, con la recesión, parece que los inmigrantes ya no sirvan ni sean útiles para la economía. La misma salvación se ha convertido en un problema, y los inmigrantes estorban a la economía y a la sociedad. Después de haberles sacado todo el provecho se los ataca como causantes de la desgracia económica, y se los castiga con la discriminación y la marginación social.

Esta discriminación va en aumento: el auge de ideologías y partidos de extrema derecha con una clara tendencia xenófoba es hoy patente en muchos países de Europa. Hay varios ejemplos, como el del Frente Nacional de Marine Le Pen, en Francia, que se perfila ya como la segunda fuerza política en el país para los próximos comicios europeos. También Grecia constituye el paradigma de los partidos neonazis en la Unión Europea, con el partido Amanecer Dorado, que actualmente se erige como la tercera fuerza política del país. Este partido ha multiplicado por 18 su número de votantes en solo tres años gracias a la distribución de alimentos y la prestación de ayudas y atención sanitaria exclusivamente a los ciudadanos griegos. La representación de este tipo de partidos en Europa ha aumentado asimismo en otros países como Noruega, Letonia, Austria, Chipre, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Suiza y el Reino Unido.

Algo similar ocurre en España, concretamente en Valencia, con el reparto de alimentos solo para españoles en paro el pasado 29 de marzo en el barrio de Orriols. Este reparto claramente discriminatorio fue organizado por la oenégé Hogar Patriota María Luisa Navarro, vinculada al partido España 2000. Dicha formación política está siguiendo las pautas de Amanecer Dorado al prestar ayuda solo a españoles para ganar más adeptos. Conviene no olvidar tampoco a Plataforma per Catalunya (PxC), que en las elecciones generales de 2011 obtuvo el apoyo de 59 000 electores pese a los discursos racistas, antimusulmanes y populistas de Josep Anglada. Este tipo de partidos e iniciativas no hacen más que incentivar el odio entre la población, ya que defienden el racismo, la xenofobia y la discriminación como solución a la crisis.

Actualmente, muchos españoles han emigrado y están emigrando para encontrar trabajo. Surge entonces la pregunta de si a los partidarios de la ultraderecha les parecería bien que a los españoles los discriminaran en los países a los que llegan. ¿Cómo se sentiría un español al ver que le niegan las ayudas, la sanidad y el trabajo solo por ser extranjero?

No olvidemos que, antes que ciudadanos de un país, somos humanos y personas dignas e iguales. Discriminar a alguien por su origen étnico o por su lugar de procedencia, y negarle por ello la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación y la sanidad, es inhumano. La solución al paro no consiste en expulsar a los no autóctonos. Es necesario buscar alternativas, solucionar el problema de raíz y acabar con el hambre y la miseria en el Tercer Mundo (por mucho que a la elite económica no le interese). Podrían endurecerse las políticas de inmigración europea como se hace en algunos países como Australia, sin que eso se traduzca en colocar cuchillas o trampas mortales en las vallas fronterizas. Porque, ante todo, hay que tener presentes los derechos humanos, la tolerancia y el respeto hacia todas las personas independientemente de su origen.

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Europa: o todo o nada

Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, pero bien poca resonancia parecen tener entre gran parte de la ciudadanía que las relega a un segundo plano como si en absolutamente nada la concerniesen. La desafección política está consumada; es un hecho. La impasibilidad de que dan muestra los ciudadanos frente a las próximas elecciones parece encontrar su explicación en la creencia de que son prácticamente incapaces de cambiar el rumbo de la atestada nave en la que viajan millones de europeos. Los protagonistas indiscutibles de las elecciones europeas son los políticos, que se nos presentan como los únicos que realmente tienen algo que ganar. La indiferencia de gran número de ciudadanos es una clara manifestación de este sentimiento. Ante esta realidad, se impone una pregunta urgente: ¿hacia dónde vamos? O mejor dicho: ¿hacia dónde queremos ir?

La elevadísima tasa de paro en España, que afecta sustancialmente a los jóvenes, sigue dando escalofríos, y la inmediatez de las perspectivas de mejora no está a la altura de las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. ¿De qué ha servido Europa en esta situación de crisis que con tanta dureza golpea a ciertos países de la Unión, entre ellos España? El deber de solidaridad se ha esfumado y ha dejado lugar a intereses nacionales encubiertos en aras de un interés colectivo cada día más desbaratado. Las políticas de austeridad supuestamente aplicadas por y para Europa están empujando a los ciudadanos al borde del peligroso abismo del peor de los desamparos. La solución —dicen— pasa por no gastar, y ello implica recortar gastos a cualquier precio. Sí, a cualquier precio. Y la moral de los ciudadanos se desmorona ante las acuciantes e insostenibles medidas impuestas, que los dejan al margen de las decisiones adoptadas y los someten a las soluciones más drásticas, habida cuenta de las consecuencias sociales que llevan aparejadas.

Muestra de esta falta de solidaridad son las recientes propuestas del Gobierno de Angela Merkel consistentes en expulsar de Alemania a todos los ciudadanos comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de seis meses, que resultan indignantes, o cuando menos preocupantes, por cuanto vulneran los principios fundamentales de la Unión Europea. Restringir estos derechos a los inmigrantes comunitarios, que no buscan sino mejorar sus condiciones de vida, es un claro síntoma de que, a estas alturas, la solidaridad en la Unión no es más que una ficción al servicio de unos pocos según les conviene. Al fin y al cabo, ¿quiénes dirigen desde Europa?, y ¿para quiénes? Por todo ello, permanecer impasible ante las próximas elecciones es un error. Es necesario apostar por aquellas opciones que velan de verdad por la mejora de la situación de los ciudadanos y, si no las hay, crear la alternativa necesaria.

Por otra parte, el riesgo de desmantelamiento de la Unión Europea desde dentro, de resultas del resurgimiento de ciertos partidos políticos claramente antieuropeístas, debe llevar a la ciudadanía a participar en las elecciones para ceder el timón a los que creen en un proyecto común para Europa, pero sobre todo a quienes dan prioridad a los ciudadanos, no solo antes de las elecciones sino también después; un trabajo que, pese a requerir tiempo, es perfectamente factible además de altamente aconsejable. ¿Quiénes están dispuestos a pelear por los derechos de la ciudadanía, a fomentar y, en su caso, a exigir solidaridad y reciprocidad dentro de la Unión? ¿Quiénes no toleran que los ciudadanos, las principales víctimas, sean los que realmente paguen el precio de la crisis? ¿Quiénes son capaces de luchar por una verdadera justicia social en Europa? Los ciudadanos deben exigir mecanismos de control más efectivos, que consisten en poder intervenir en las decisiones o, en su caso, en supervisar la gestión de los dirigentes con mayor frecuencia, tanto en los ámbitos nacionales como en el comunitario.

Así pues, los representantes de la Unión Europea deben asumir ciertos sacrificios en beneficio de la solidaridad y entender que los intereses colectivos europeos tienen que prevalecer sobre los suyos propios, porque esta Europa a varias velocidades solo es dignamente viable si está compensada por una buena dosis de fraternidad. Y es que la instrumentalización de la Unión Europea para enmascarar los verdaderos intereses de unos cuantos en detrimento de los colectivos es inadmisible. En este sentido, los ciudadanos europeos tienen en las elecciones una oportunidad única de hacer oír sus voces y de marcar el paso hacia la Europa que quieren; de lo contrario, corren el riesgo de seguir siendo víctimas de tantas y tan graves contradicciones como la que irónicamente aventura el periodista Iñaki Gabilondo: “terminarán obligándonos a fumar”.

Europa: o todo o nada. La regla es sencilla, y tiene que ser esta.

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Invasión a la inversa

Las recientes noticias acerca de los numerosos saltos e intentos de saltos de las vallas de Ceuta y Melilla por parte de centenares de inmigrantes subsaharianos, considerados por muchos una auténtica invasión, no han tardado en detonar toda clase de reacciones respecto a las nefastas consecuencias de una inmigración incontrolada y a la imperiosa necesidad de una mayor protección de las fronteras españolas y, por ende, europeas. El debate, además, gira en torno al respeto por la dignidad de las personas que llevan a cabo estos actos, que no hacen sino ilustrar una realidad de privaciones casi absolutas habida cuenta del contexto en que tienen lugar. Con todo, si hay algún punto sobre el que –por suerte o por desgracia– no existen discrepancias, se encuentra en el hecho de que estos saltos suponen aún más gastos para el Estado español, de lo que se infiere que hay que establecer todos los mecanismos posibles para contrarrestarlos.

Para comprender esta situación, la historia es básica y, a la vez, clave. Dicho en otros términos, la historia por sí sola nos puede proporcionar datos suficientes para entender el porqué de estos saltos tan arriesgados. Esta inmigración desesperada no tiene mejor explicación que el rigor mismo del colonialismo de las grandes potencias europeas, de la esclavitud que han establecido en muchos territorios durante siglos. En efecto, España sola tuvo más de dieciocho colonias en América; mientras, otras potencias como Francia, el Reino Unido, Alemania, Portugal e Italia se repartieron el continente africano y explotaron a ultranza tanto a las personas que vivían en esos territorios como sus recursos naturales, con los cuales se enriquecieron a expensas del correspondiente empobrecimiento extremo de esas tierras y de sus habitantes. Una situación que ha durado en África hasta fechas muy recientes, si tenemos en cuenta que para datar la descolonización del continente se toma como referencia el año 1960. A ello hay que añadir que las relaciones mantenidas por estas potencias con sus antiguas colonias, después de su independencia, siempre han estado marcadas por la dominación y la explotación, bases del comúnmente llamado neocolonialismo. En definitiva: la invasión a la que se enfrenta España en la actualidad no tiene cara de desconocida.

Por otra parte, el móvil de estos actos desesperados se explica sincera y ampliamente por sí mismo. No en vano los europeos, cuando vivieron situaciones de extrema pobreza y de miseria en Europa en los siglos pasados, arriesgaron la vida en alta mar en busca de oportunidades, lejos de sus fronteras; es así como la historia, en su curiosa faceta de un eterno volver a empezar, nos permite entender la situación actual. Ni que decir tiene que carece de sentido toda intervención respecto a estos últimos acontecimientos que, para explicarlos, obvie la gravedad de las consecuencias del colonialismo y la intensidad de las considerables injusticias de la esclavitud, que son lo que concretamente está pasando factura. Y es que si bien España, como toda nación soberana, debe y tiene el derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger sus fronteras, también está obligada a hacerlo de modo que se garanticen la legalidad y el respeto, especialmente en materia de derechos humanos.

Por todo ello, consideraciones económicas aparte, una mínima coherencia nos debería llevar a reconocer la existencia de un deber moral hacia estos colectivos durante siglos sobrexplotados, privados por la fuerza de todos sus recursos. Porque, independientemente de su situación, estas personas nunca han dejado de ser dignas, y por tanto no deberían, bajo ningún concepto, ser discriminadas. Además, tanto la historia como la actualidad de la emigración de muchos españoles durante estos años de crisis deberían recordarnos que todos somos potenciales inmigrantes. Y si de una invasión se tratara, la historia nos dificultaría calificarla de invasión a secas: se trataría, en todo caso, de una invasión a la inversa.

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