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Violencia policial y justicia alternativa

Violiencia Policial

Los últimos acontecimientos de la pugna entre la policía y la comunidad negra en los Estados Unidos no hacen más que evidenciar las heridas abiertas de la sociedad estadounidense, además de su clara y triste incapacidad de pasar página en relación con las etapas más oscuras de su historia. La venganza personal, como medio de solución de los litigios, ha sido sustituida en las sociedades modernas por el monopolio de la violencia física por parte del Estado para resolver dichos conflictos y mantener la cohesión social. Un monopolio que peligra cuando determinadas comunidades no encuentran en los mecanismos estatales establecidos respuestas a las injusticias que sufren, y se encuentran abocadas a recurrir a la llamada justicia alternativa como el único medio con el que contrarrestar los atropellos y las barbaridades, por acción u omisión, de un Estado paradójicamente no garante. La frustración de no encontrar en el sistema estatal -que debería garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos en condiciones de igualdad- respuestas a las recurrentes injusticias tiende a abrir el camino y cede el protagonismo a los medios más viles.

Los múltiples asesinatos y la posterior absolución de sus autores, junto con las claras dificultades para entender el criterio de los tribunales, no dignifican el sistema, cuando no lo perjudican o lo hacen peligrar gravemente. Es obvio que para garantizar la igualdad real y efectiva entre los ciudadanos las leyes no son más que meros parches que el tiempo acaba levantando con su solo transcurso: prohibir legalmente una conducta es insuficiente para cambiar la realidad social. Además de legislar contra determinados sinsentidos, es necesario fijarse en los valores promovidos en la sociedad e impulsar su cambio desde dentro: desde los hogares y desde las aulas, mediante planes de estudios inclusivos, de verdad. El plan de formación escolar tiene que reflejar los distintos colores y sensibilidades de la sociedad, y la Historia debe ser criticada vehementemente en sus puntos más oscuros. La Historia de ese país, como la de otros muchos, ha fallado en reconocer la dignidad humana como el primer límite del poder y la base de toda interacción social. El reconocimiento de las particularidades de cada comunidad dentro de una sociedad inclusiva y el hecho de no obviar la carga histórica que soportan constituyen, desde luego, una tarea imprescindible. Resulta curioso, pero sobre todo abrumador, que el mundo haya superado tantos grandes retos y experimentado no menos progresos y que sea aún incapaz de asumir las más sencillas y básicas reglas de convivencia. Parece ser todo, al fin y al cabo, una cuestión de intereses. Dicho de otro modo, ¿a quién le importa lo que le pasa a esta comunidad? Parafraseando a Martin Luther King Jr., la injusticia en una parte del mundo es injusticia en todas partes. Hay que clamar contra toda forma de injusticia dondequiera que se cometa desde dondequiera que nos encontremos.

La violencia desatada solo generará más violencia, y esta ola de violencia no se parará hasta que los ciudadanos de esta comunidad encuentren en los mecanismos estatales una respuesta a sus injusticias. El reciente asesinato de dos policías por un miembro de la comunidad negra, que se suicidó justo después de llevar a cabo el acto, se enmarca en esta llamada justicia alternativa: es un signo de desesperación y un extremo que hay que evitar; un acto igual de repugnante que la violencia policial contra esta comunidad. En este sentido, si bien la segregación ya no tiene cobertura legal, sí sigue presente en la práctica de instituciones como la policía, que en lugar de servir y proteger, lincha a determinados colectivos en condiciones cuando menos turbias. La comunidad negra, a través de sus impuestos y votos, financia a la máquina que la oprime. La opresión o el sentimiento de injusticia e impotencia llevan, a la larga, a problemas muy graves para la cohesión social, y la estabilidad política puede sucumbir a su peso. Parece que estamos caminando hacia un horizonte gris: aquel en el que el opresor no puede elegir la forma en que los oprimidos se defienden de sus injusticias, tal como dijo en su momento Nelson Mandela.

La sociedad estadounidense debe abordar con seriedad y madurez este tema, porque se trata de una situación que puede engrosar las filas de los que pelean fuera de la legalidad y apuestan por una justicia alternativa: la venganza personal. Sería un grave error de la sociedad en su conjunto. La disyuntiva es clara: o reformamos los valores de la sociedad y de las instituciones a través de una educación inclusiva, o corremos el riesgo de pagar el coste de una inestabilidad tanto social como política. Las sociedades están llamadas a madurar, condición sine qua non para su estabilidad presente y futura. Si la última opción tiene que ser el recurso a la justicia alternativa para este colectivo, entonces algo no habremos entendido: el precio de una justicia alternativa, mientras que lo pagamos todos, no beneficia a nadie. Urge a la justicia desempeñar su papel con el debido respeto por la igualdad de sus ciudadanos. El día en que la justicia estatal pierda toda su credibilidad o parezca ser exclusiva, la justicia alternativa se convertirá en una de las pocas opciones posibles. Y será lamentable, porque la sed de justicia acaba siempre por saciarse. Hay que reaccionar. No se trata de la lucha de una comunidad, sino de la de la humanidad: la justicia es patrimonio de todos.

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Marginados

Marginados

La sociedad no puede, bajo ningún concepto, convertirse en la tumba de colectivos enteros. No puede permitirse que determinados factores como el sexo, el origen, la clase social, la pertenencia a una comunidad o la edad, entre otros, vuelvan invisibles a las personas hasta hacerlas desaparecer. No puede dejar que dichos factores minen la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de quienes forman estos colectivos. Las víctimas suelen tener, a veces, otra forma de aparecer en la sociedad: si la edad las vuelve invisibles, la clase social las mantiene siempre a la vista. La duquesa de Alba no desapareció en ningún momento de la sociedad española, mientras que la vecina del cuarto primera sí. Las grandes habilidades intelectuales, por su parte, suelen resistir a la invisibilidad impuesta por el origen: Barack Obama consiguió superar las barreras discriminatorias que imperan en un país todavía esclavo de un pasado segregacionista hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Es evidente que estos factores siguen siendo motivo de exclusión en las sociedades de hoy en día. La marginación de la gente mayor en España es una clara manifestación de su impacto sobre determinados colectivos.

Para muestra, un botón. Hace menos de dos semanas, una representante de una organización de voluntariado que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, Amics de la Gent Gran, me confesó que la organización sufre una carencia importante de voluntarios. Confía en que dicha entidad pueda encontrar los suficientes para luchar contra la soledad y la marginación social de numerosísimas personas, así como para conseguir sensibilizar a la sociedad sobre la amplitud y la gravedad de este problema. La marginación y la soledad se han convertido en un mal endémico para este colectivo, y causan e intensifican determinados problemas de salud y de disminución de la autonomía, tanto personal como económica. En este sentido, el acompañamiento emocional de las personas mayores y su dinamización social constituyen sin duda dos herramientas importantes en la lucha contra su desaparición de la sociedad, según esta organización. Lamentablemente, encontrar voluntarios para acompañar a los mayores se ha convertido en un verdadero rompecabezas. El inconsciente mito de la eterna juventud no hace sino alimentar la indiferencia frente a este grave problema social.

Una sociedad que no se preocupa del bienestar de sus ancianos es una sociedad irresponsable, deficiente o carente de valores. Cuando, de pronto, el mito de la eterna juventud se derrumbe, nos daremos cuenta de que los mayores marginados no son tan diferentes de nosotros, ya que los sustituimos en su marginación y soledad: en su calvario. El deber de solidaridad con los colectivos más débiles tiene que ser siempre el motor de la acción social. La respuesta a esta situación no puede ser estrictamente de corte política, sino que hace falta una concienciación social sobre esta plaga silenciosa. Una mejor integración de las personas mayores en la sociedad es necesaria y, desde luego, urgente. Además de exigir mejores políticas sociales, la implicación social de los ciudadanos es clave para evitar la desaparición de este colectivo en la sociedad. La marginación y la soledad, con todo lo que implican, contribuyen, cuando menos, a allanarles de forma más eficiente el camino hacia la tumba. Por más que a algunos, carentes de cualquier ápice de humanidad, les parezca que la longevidad constituye un riesgo financiero mundial, nuestro compromiso con este colectivo debe ser inquebrantable. A todos los voluntarios que lo entienden y a las organizaciones que luchan por ello: chapó. Solo es cuestión de dignidad.

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Tolerancia cero

La brutal agresión racista claramente gratuita sufrida por el joven asiático en el metro de Barcelona no es y, por ende, no debe ser, en ningún caso, tratada como un asunto menor. Restar importancia a su trascendencia es cerrar los ojos ante el evidente crecimiento de la xenofobia y el alto precio que todos corremos el riesgo de pagar si decidimos o preferimos hacer la vista gorda.

La premeditación que parece caracterizar este acto, habida cuenta de la grabación nítida de los hechos por un compañero del agresor, despeja toda duda sobre su posible aleatoriedad y pone en evidencia el carácter sumamente peligroso del agresor y, sobre todo, de sus ideas. Frente a estos actos de violencia con un contenido claramente racista y discriminatorio, el Estado de derecho debe responder con el máximo rigor posible: la policía ha de perseguir a quienesquiera que cometan estos actos, al igual que a cualquiera que, de forma directa o indirecta, aliente su comisión; los tribunales, pieza clave de todo Estado de derecho, deben dejar caer todo el peso de la ley sobre los que se desmarcan de las líneas claramente trazadas por la sociedad e infringen las normas legales establecidas.

Es importante recordar el alcance de la dignidad humana, que, según el premio nobel de economía indio Armatya Sen, debe ser entendida como el derecho de todos a tener derechos por el mero hecho de ser humanos. Entre otros, el derecho a tener derecho a no ser agredido por los rasgos físicos, el origen, la orientación sexual, la raza o el género. Dicho en otros términos, el derecho a vivir en una sociedad en la que estos factores no sean determinantes para la seguridad o el libre desarrollo de la personalidad.

Un Estado de derecho no se puede rendir frente a la delincuencia de unos cuantos y debe garantizar, por todos los medios legales, la paz social y la seguridad de todos los ciudadanos. En este sentido, las penas impuestas por los tribunales, además de guardar clara proporcionalidad con los actos cometidos, deben ser suficientemente persuasivos para conseguir que los potenciales delincuentes desistan de cometer semejantes actos. Los que lleguen a serlo deben ser encerrados, aislados de la sociedad el tiempo necesario para su eventual rehabilitación. No se puede permitir que determinadas personas o grupos hagan peligrar la convivencia en la sociedad, el respeto hacia el otro y, lo más importante, la seguridad ciudadana.

Esta agresión del joven asiático por otro de origen ruso no es una mera pelea de jóvenes, como muchos quieren justificar; se trata de una vergonzosa agresión inspirada en ideas altamente peligrosas e incompatibles con un Estado democrático de derecho, por lo que es muy preocupante e inaceptable. El acto atenta contra la dignidad de este joven, que ha sido discriminado y agredido. La sociedad debe condenar enérgicamente esta agresión, bajo el riesgo de que las próximas se dirijan contra otros colectivos, bien sea por su orientación sexual, su forma de pensar o cualquier otro factor rechazado por estas ideologías absurdas e enfermizas.

El papel de la educación es crucial para evitar que estos hechos tengan lugar. Los padres, ayudados por los maestros, deben contribuir a forjar la personalidad de sus hijos, inculcándoles determinados valores básicos como el respeto. Además de la educación de los más jóvenes, se debe concienciar a la sociedad en general sobre el peligro que la acecha si no reacciona frente a estas situaciones y deja que se implementen determinadas ideologías violentas. Y, en caso de que todos los demás mecanismos fallen, el derecho penal, como último recurso, debe garantizar, sin excepciones, el estricto cumplimiento de las leyes.

Puesto que la pena encuentra una de sus mayores y legítimas justificaciones en el consentimiento del delincuente al delinquir, la sociedad y el Estado de derecho, en estos casos, deben decretar tolerancia cero. Quien delinque consiente y, por cierto, asume.

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Francia: el voto del miedo

Con más de cuatro millones de votos, la extrema derecha francesa, liderada por Marine Le Pen, se ha impuesto en las elecciones europeas como la primera fuerza política de Francia. Dicho en otros términos, se cuentan por millones los ciudadanos franceses que han visto en la xenofobia, el populismo y el ultranacionalismo una solución para salir de la crisis en la que se encuentra estancado el país. La instrumentalización tendenciosa de ciertos colectivos por determinados sectores y la manipulación de informaciones tanto por políticos como por ciertos medios de comunicación son factores claves para entender esta victoria más bien histórica del Frente Nacional francés.

Lamentablemente, parece imposible evitar que la historia se repita, incluso en sus etapas más trágicas. No olvidemos que una situación similar se vivió en Alemania hace menos de un siglo, cuando Adolf Hitler llegó a la presidencia mediante unas elecciones democráticas. No obstante, nadie en su sano juicio discute hoy el alto precio que la humanidad tuvo que pagar por sus ideas: ni más ni menos que un holocausto, uno de los acontecimientos más abominables de nuestra historia. La decepción de que se vuelvan a cometer los mismos errores es aún mayor cuando proviene de un país como Francia, con un perfil más bien respetado históricamente, cierto; aunque manchado con la sangre de millones de seres humanos esclavizados, sobrexplotados y tratados como meros objetos. Oh, la France ! ¡Qué recuerdos los de aquellos tiempos!

El discurso del miedo ha acabado imponiéndose en un contexto de desesperación de la ciudadanía francesa, desilusionada por la inoperancia práctica de sus partidos más representativos. François Hollande no ha estado a la altura de su presidencia, y ha roto innumerables promesas e ilusiones de un país cansado de la política de austeridad de su antecesor, Nicolas Sarkozy. Hollande, que en su campaña defendió contrarrestar la política de austeridad impulsada principalmente por Alemania, una vez en el Elíseo cedió casi automáticamente ante los designios de Berlín y hoy apoya las mismas políticas que tan enérgicamente rechazó en su campaña, base de los votos y el apoyo recibidos. Así fue como cayó rendido a los pies de quien realmente decide: Angela Merkel (y compañía).

La victoria de la extrema derecha en Francia es una de las consecuencias más graves de las promesas rotas por políticos que engañan a su población o que no han sabido defenderla debidamente y, por ende, plantarle cara a un sistema que casi reduce a los jefes de Estado a meros títeres. Sinfonía total en la política impuesta. El riesgo es que la población desesperada y frustrada se refugie pidiendo ayuda a lobos disfrazados de defensores, totalmente dispuestos a vulnerar sistemáticamente los derechos humanos. El hecho de buscar un chivo expiatorio en un colectivo que no sabe especular para eludir a los verdaderos responsables de la crisis económica ya se ha convertido en una constante, cuando todos sabemos quiénes son los verdaderos responsables.

Frente a esta realidad, creo oportuno reivindicar —y reivindico— una nueva separación de poderes y una nueva forma de organización del Estado moderno, para evitar que situaciones como esta se reproduzcan. La prensa, siempre que sea libre, debe constituirse como un cuarto poder, junto con el ejecutivo, el legislativo y el judicial, encargado este último de controlar la transparencia en materia de informaciones comunicadas para evitar que se distorsionen y lleven a situaciones de engaño de la sociedad entera. La prensa debe poder investigar a los responsables de los demás poderes e incluso a otros actores políticos, que están obligados a comunicar información veraz bajo pena de incurrir en la comisión de algún delito. Una prensa cuyos miembros sean votados por los ciudadanos, independientemente de la actividad de los medios privados existentes tanto nacionales como internacionales.

La desesperación, la venta de promesas a bajo precio y el discurso del miedo son fundamentales para entender la victoria de la extrema derecha en Francia. Esta victoria es un revés a la sensatez, y significa la culminación del engaño a gran escala. Hay que alertar del riesgo de que la extrema derecha se imponga en los países del entorno porque, al menospreciar la dignidad de colectivos enteros, es imposible que pueda contribuir al desarrollo de una sociedad moderna y libre.

Todo apunta a que la próxima Francia de Marine Le Pen será muy atractiva, a juzgar por las recientes declaraciones de su presidente de honor, Jean-Marie Le Pen, sobre la enfermedad del Ébola en África. A seguir, pues, construyendo este proyecto haciendo acopio, a la vez, de toda la tinta necesaria para escribir nuevas páginas de la historia pasando por encima de quien haga falta. Y dentro de algunos años, con un poco de conciencia, a pedir perdón por las barbaridades cometidas, como hizo Nicolas Sarkozy sobre las atrocidades perpetradas por la Francia esclavista durante siglos. La France! Cada día más atrayente.

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¿Primero los de casa?

A raíz de la crisis, se están imponiendo en España nuevas reglas de juego entre los inmigrantes, la población autóctona, el mercado de trabajo y las políticas sociales. Lo cierto es que, cuando las cosas iban bien, los extranjeros eran bienvenidos para trabajar en los sectores que los españoles descartaban, como la agricultura, la construcción y el servicio doméstico. En este sentido, los extranjeros contribuyeron claramente al crecimiento de la economía española, con lo que se incrementó también el tamaño del mercado de bienes y servicios. Esto fue posible porque antes de la crisis existía cierta tolerancia al empleo sumergido de los inmigrantes irregulares, debido a la insuficiencia de la mano de obra española para trabajar en empleos mal remunerados.

Ahora, con la recesión, parece que los inmigrantes ya no sirvan ni sean útiles para la economía. La misma salvación se ha convertido en un problema, y los inmigrantes estorban a la economía y a la sociedad. Después de haberles sacado todo el provecho se los ataca como causantes de la desgracia económica, y se los castiga con la discriminación y la marginación social.

Esta discriminación va en aumento: el auge de ideologías y partidos de extrema derecha con una clara tendencia xenófoba es hoy patente en muchos países de Europa. Hay varios ejemplos, como el del Frente Nacional de Marine Le Pen, en Francia, que se perfila ya como la segunda fuerza política en el país para los próximos comicios europeos. También Grecia constituye el paradigma de los partidos neonazis en la Unión Europea, con el partido Amanecer Dorado, que actualmente se erige como la tercera fuerza política del país. Este partido ha multiplicado por 18 su número de votantes en solo tres años gracias a la distribución de alimentos y la prestación de ayudas y atención sanitaria exclusivamente a los ciudadanos griegos. La representación de este tipo de partidos en Europa ha aumentado asimismo en otros países como Noruega, Letonia, Austria, Chipre, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Suiza y el Reino Unido.

Algo similar ocurre en España, concretamente en Valencia, con el reparto de alimentos solo para españoles en paro el pasado 29 de marzo en el barrio de Orriols. Este reparto claramente discriminatorio fue organizado por la oenégé Hogar Patriota María Luisa Navarro, vinculada al partido España 2000. Dicha formación política está siguiendo las pautas de Amanecer Dorado al prestar ayuda solo a españoles para ganar más adeptos. Conviene no olvidar tampoco a Plataforma per Catalunya (PxC), que en las elecciones generales de 2011 obtuvo el apoyo de 59 000 electores pese a los discursos racistas, antimusulmanes y populistas de Josep Anglada. Este tipo de partidos e iniciativas no hacen más que incentivar el odio entre la población, ya que defienden el racismo, la xenofobia y la discriminación como solución a la crisis.

Actualmente, muchos españoles han emigrado y están emigrando para encontrar trabajo. Surge entonces la pregunta de si a los partidarios de la ultraderecha les parecería bien que a los españoles los discriminaran en los países a los que llegan. ¿Cómo se sentiría un español al ver que le niegan las ayudas, la sanidad y el trabajo solo por ser extranjero?

No olvidemos que, antes que ciudadanos de un país, somos humanos y personas dignas e iguales. Discriminar a alguien por su origen étnico o por su lugar de procedencia, y negarle por ello la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación y la sanidad, es inhumano. La solución al paro no consiste en expulsar a los no autóctonos. Es necesario buscar alternativas, solucionar el problema de raíz y acabar con el hambre y la miseria en el Tercer Mundo (por mucho que a la elite económica no le interese). Podrían endurecerse las políticas de inmigración europea como se hace en algunos países como Australia, sin que eso se traduzca en colocar cuchillas o trampas mortales en las vallas fronterizas. Porque, ante todo, hay que tener presentes los derechos humanos, la tolerancia y el respeto hacia todas las personas independientemente de su origen.

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Invasión a la inversa

Las recientes noticias acerca de los numerosos saltos e intentos de saltos de las vallas de Ceuta y Melilla por parte de centenares de inmigrantes subsaharianos, considerados por muchos una auténtica invasión, no han tardado en detonar toda clase de reacciones respecto a las nefastas consecuencias de una inmigración incontrolada y a la imperiosa necesidad de una mayor protección de las fronteras españolas y, por ende, europeas. El debate, además, gira en torno al respeto por la dignidad de las personas que llevan a cabo estos actos, que no hacen sino ilustrar una realidad de privaciones casi absolutas habida cuenta del contexto en que tienen lugar. Con todo, si hay algún punto sobre el que –por suerte o por desgracia– no existen discrepancias, se encuentra en el hecho de que estos saltos suponen aún más gastos para el Estado español, de lo que se infiere que hay que establecer todos los mecanismos posibles para contrarrestarlos.

Para comprender esta situación, la historia es básica y, a la vez, clave. Dicho en otros términos, la historia por sí sola nos puede proporcionar datos suficientes para entender el porqué de estos saltos tan arriesgados. Esta inmigración desesperada no tiene mejor explicación que el rigor mismo del colonialismo de las grandes potencias europeas, de la esclavitud que han establecido en muchos territorios durante siglos. En efecto, España sola tuvo más de dieciocho colonias en América; mientras, otras potencias como Francia, el Reino Unido, Alemania, Portugal e Italia se repartieron el continente africano y explotaron a ultranza tanto a las personas que vivían en esos territorios como sus recursos naturales, con los cuales se enriquecieron a expensas del correspondiente empobrecimiento extremo de esas tierras y de sus habitantes. Una situación que ha durado en África hasta fechas muy recientes, si tenemos en cuenta que para datar la descolonización del continente se toma como referencia el año 1960. A ello hay que añadir que las relaciones mantenidas por estas potencias con sus antiguas colonias, después de su independencia, siempre han estado marcadas por la dominación y la explotación, bases del comúnmente llamado neocolonialismo. En definitiva: la invasión a la que se enfrenta España en la actualidad no tiene cara de desconocida.

Por otra parte, el móvil de estos actos desesperados se explica sincera y ampliamente por sí mismo. No en vano los europeos, cuando vivieron situaciones de extrema pobreza y de miseria en Europa en los siglos pasados, arriesgaron la vida en alta mar en busca de oportunidades, lejos de sus fronteras; es así como la historia, en su curiosa faceta de un eterno volver a empezar, nos permite entender la situación actual. Ni que decir tiene que carece de sentido toda intervención respecto a estos últimos acontecimientos que, para explicarlos, obvie la gravedad de las consecuencias del colonialismo y la intensidad de las considerables injusticias de la esclavitud, que son lo que concretamente está pasando factura. Y es que si bien España, como toda nación soberana, debe y tiene el derecho a tomar todas las medidas necesarias para proteger sus fronteras, también está obligada a hacerlo de modo que se garanticen la legalidad y el respeto, especialmente en materia de derechos humanos.

Por todo ello, consideraciones económicas aparte, una mínima coherencia nos debería llevar a reconocer la existencia de un deber moral hacia estos colectivos durante siglos sobrexplotados, privados por la fuerza de todos sus recursos. Porque, independientemente de su situación, estas personas nunca han dejado de ser dignas, y por tanto no deberían, bajo ningún concepto, ser discriminadas. Además, tanto la historia como la actualidad de la emigración de muchos españoles durante estos años de crisis deberían recordarnos que todos somos potenciales inmigrantes. Y si de una invasión se tratara, la historia nos dificultaría calificarla de invasión a secas: se trataría, en todo caso, de una invasión a la inversa.

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