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Rescatemos a los autónomos

Rescatemos a los autónomos

Con una tasa de desempleo juvenil que alcanza el 53,8%, un servicio público que continúa colapsado y las grandes empresas escudándose en la crisis para seguir precarizando a sus trabajadores, el autoempleo se perfila como una de las pocas opciones profesionales para buena parte de los jóvenes españoles. Sin embargo, adentrarse en la aventura emprendedora en este país puede convertirse en una verdadera carrera de obstáculos que el trabajador por cuenta propia tendrá que sortear solo para empezar, lo cual no garantiza -ni mucho menos- la viabilidad económica de la empresa a largo plazo.

Ante todo, el autónomo debe enfrentarse a los trámites burocráticos que requiere la creación de una nueva empresa o la declaración de inicio de una actividad económica profesional. A pesar de que España ascendió el año pasado desde el paupérrimo puesto 142 hasta el 33 en facilidad para crear empresa según un informe del Banco Mundial, todavía estamos por debajo de la mayoría de los países de la zona euro, y son necesarios seis procedimientos y 13 días de media para que una empresa eche a andar. Unos trámites que a menudo deben realizarse presencialmente y a los que hay que sumar, una vez iniciada la actividad, la farragosa burocracia periódica y las lamentables condiciones impuestas por la Administración, según las cuales los errores o los descuidos solo se pagan caros cuando los comete el autónomo.

Sin embargo, la verdadera odisea emprendedora comienza al afrontar las elevadas cuotas de cotización a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: unos 265 € mensuales sobre la base mínima. Esto es: más de 3000 € de gastos fijos anuales solo en cotizaciones, que no incluyen, entre otras, la prestación por desempleo. Ante esta realidad, las medidas propuestas por el Gobierno en su habitual política parchista pecan de precipitadas y están pensadas únicamente a corto plazo, y demoran y tapan con lodo el problema de fondo en lugar de solucionarlo. A la cacareada tarifa plana de 50 € para fomentar el autoempleo es difícil acogerse debido a las numerosas limitaciones e incompatibilidades, y en todo caso se aplica solo durante seis meses, tiempo a todas luces insuficiente para asentar la actividad económica de cualquier empresa. Mientras tanto, en países vecinos como Francia o Portugal, las cotizaciones se calculan en función de los ingresos reales, una fórmula proporcional que permite afrontar con más facilidad los primeros años de establecimiento del negocio. Recientemente, la revista Forbes ha publicado una lista comparativa con las condiciones, cuotas y pagos que corresponden a los autónomos en distintos países europeos que deja en evidencia las carencias -y la tremenda desproporción- del sistema de cotización en España.

Además de abonar la cuota mensual de 265 €, el autónomo debe hacer frente a las declaraciones trimestrales del IVA y retenerse un porcentaje mínimo del 15% a cuenta del IRPF en las facturas, lo que merma considerablemente su liquidez. Por una parte,el rotundo fracaso del IVA de caja, un criterio de pago reclamado por los autónomos durante muchos años, arroja aún más luz a la estremecedora realidad económica de un Estado en gran medida financiado -a coste cero y en condiciones envidiables- por sus trabajadores por cuenta propia. Por otra parte, el sistema tributario español actual está diseñado para favorecer a las grandes fortunas mediante una estructura impositiva regresiva gracias a las sucesivas reformas del IRPF impulsadas durante los últimos años, que han ido reduciendo la presión fiscal sobre las rentas más elevadas a expensas de la ejercida sobre la clase media. Por si fuera poco, no contentas con las ventajas fiscales que benefician a las grandes compañías, ciertas multinacionales -entre ellas el 95% de las empresas del Ibex 35facturan en España pero pagan sus impuestos en paraísos fiscales, y lo hacen amparadas por la ley. Como se recuerda en el episodio «Emperdedores» de Salvados, Google tributa el 40% en Estados Unidos y el 4% en el resto de los países. Así, mientras las pequeñas economías se asfixian y muchas de ellas se ven obligadas a sumergirse para subsistir, las grandes empresas nadan a sus anchas como tiburones en la superficie y presionan para imponer sus propias condiciones amenazando con trasladar sus capitales a otros países.

Las dificultades burocráticas, las desproporcionadas cuotas de cotización de los autónomos y las injustas contribuciones fiscales suponen una inmensa barrera para los jóvenes -y no tan jóvenes- que quieren emprender en este país. Cada día aparecen nuevas peticiones para exigir cuotas más asequibles y proporcionales a la facturación efectuada o una legislación fiscal empresarial que sea justa y equilibrada. Si queremos fomentar la cultura emprendedora y la creación de nuevas empresas para reactivar la economía española, habrá que empezar por plantearse si las condiciones para ello resultan las más adecuadas. O cambiamos las reglas del juego o los autónomos están condenados a perder antes siquiera de empezar la partida. Rescatemos a los autónomos. Todavía estamos a tiempo.

Entrada en El Huffington Post

Cataluña y el derecho a ingerir

Cataluña y

El eterno secuestro del debate político y de la actualidad catalana por el proceso soberanista preocupa cuando borra prácticamente de la agenda todos los demás temas, por más trascendentales que sean, en aras de un derecho superior a cualquier otro: el derecho a decidir. No pretendo con este artículo criticar el proceso soberanista catalán; no creo que se trate de un asunto de menor importancia que deba relegarse a un segundo plano, dado el peso ciudadano involucrado. Mi intención no es evaluar la relación entre el Gobierno central y Cataluña. Tampoco me quita el sueño el hecho de posicionarme sobre un tema tan sensible como esta pugna incesante aún sin fecha de caducidad. La verdad es que me niego a pronunciarme sobre la legitimidad del proceso soberanista, sobre si la soberanía reside únicamente en el pueblo español en su conjunto o si el respeto a las minorías reconocido en la Constitución española y la institución del Estado español como democrático dan encaje a dicho proceso aun sin reformar la Constitución actual, como defienden determinados académicos de Derecho. No vengo a cerrar filas, porque el debate ya está más que ventilado. No obstante, creo que hay otros temas que merecen un empeño igual o, cuando menos, similar, un interés parecido al suscitado por el derecho a decidir: el derecho a ingerir.

El hecho de que 69000 niños en Cataluña reciban ayuda para comer refleja claramente la situación económica en la que se encuentran muchas familias. Una situación que, sin embargo, no parece tan alarmante, ya que en ningún momento ha moldeado seriamente el debate político catalán, estancado desde hace años -y a saber por cuántos más- en el proceso soberanista. De ahí que, ahora más que nunca, sea tan necesario considerar la factibilidad de aportar una solución duradera a este problema, que afecta a una cantidad importante de familias. No creo que haga falta comparación alguna, porque, independientemente de la situación de las demás comunidades autónomas, la realidad no dejará de ser como es: alarmante y triste.

Por otra parte, mientras logramos que estos niños que lo necesitan ingieran alimentos en condiciones, no está de más que aprendamos a digerir la situación política en los dos bandos que lideran y atizan el debate soberanista. Debemos estar más que listos para asimilar las consecuencias de las acciones políticas derivadas tanto del activismo soberanista catalán como del silencio, la negativa y el constante ataque y contrataque del Gobierno central. De lo contrario, dado que próximamente tocará digerir los sabores y sinsabores políticos y asumir responsabilidades políticas, Cataluña y el resto de España harían bien en empezar a prepararse para afrontar un malestar general que será difícil de aliviar, y más aún de solucionar o encubrir.

El derecho a ingerir no es menos prioritario y merece el empeño suficiente para aportar una solución proporcional a su magnitud. En los tiempos que corren, dudo que pueda negarse que ingerir y digerir son igual de importantes. Recordémoslo, no sea que a alguien, por casualidad, se le haya olvidado.

Entrada en El Huffington Post

El cuento de nunca acabar

Dicen que hemos salido de la recesión. Nuestros políticos se muestran prudentes ante el dato, lo mencionan con la boca pequeña. Quizá porque el aumento del producto interior bruto es tan reducido que no quieren arriesgarse a celebrarlo por si se produce una recaída. Quizá porque algo de vergüenza sí les queda y en el fondo saben que airearlo como una victoria sería, para muchos a los que la crisis ha dejado sin casa o sin trabajo, una broma de mal gusto.

La falta de entusiasmo por dicha salida de la recesión es patente también entre los ciudadanos, ¿cómo no iba a serlo? Paralelamente a las buenas noticias del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España se publican otras que nos informan de las crecientes desigualdades sociales. La oenegé Intermón Oxfam publicó recientemente un demoledor informe en el que alerta sobre la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Incluso el señor Trias, alcalde de Barcelona, reconoció el viernes 31 de enero la “fractura social” que diferencia los barrios ricos de los pobres de esta ciudad, que se ha frenado en el último año pero que sigue siendo alarmante. Claro que no es un dato nuevo. Ya en 2012 pudimos leer que la esperanza de vida de un vecino del barrio del Raval podía ser hasta ocho años menor que la de uno de Pedralbes.

La crisis nos ha tocado, pero todavía no estamos hundidos. Por suerte, la solidaridad ciudadana ha aumentado: se han creado bancos de alimentos en los barrios; en los edificios se buscan soluciones prácticas para aquellas familias que no pueden afrontar los gastos de comunidad; proliferan las cooperativas de alimentos, los huertos urbanos, los grupos y las páginas en las redes sociales para ayudarse mutuamente en la búsqueda de empleo, y los bancos de tiempo son ya una noción asentada. La cruda realidad nos ha vuelto más empáticos. A finales de 2013, la Taula del Tercer Sector de Catalunya publicó su anuario y, con él, nos demostró a todos que la voluntad es clave en la eficiencia del sistema: con menos trabajadores y menos entidades, y con el mismo presupuesto que en 2007, el tercer sector catalán atendió al 25 % más de personas que cuatro años antes.

El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que las medidas de austeridad no han dado los resultados que esperaban. Aquí, estamos viendo menguar nuestros derechos en favor de la recuperación económica que no acaba de llegar y que, cuando lo haga, no nos hará olvidar lo sufrido ni nos garantizará la devolución automática de los beneficios que hemos perdido. Debemos reclamar a la clase política que tome ejemplo de los ciudadanos, que arrime el hombro y que no incurra en la reducción del gasto en políticas públicas y prestaciones sociales que dificulta la ya de por sí vulnerable situación de los menos favorecidos. Que desoigan los cantos de sirena de quienes tienen los bolsillos llenos. Un error grave de los dirigentes es olvidar cómo han llegado a su posición y por qué disponen de poder. Necesitamos humildad y buena voluntad en la política. Solo así será posible remontar esta maldita crisis y hacer, al fin, borrón y cuenta nueva.

Entrada en El Periódico de Catalunya