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El curioso caso de Marcos Benavent

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La fascinación que ha generado Marcos Benavent, el hombre clave en la Operación Taula gracias a los centenares de grabaciones que ha sacado a la luz, se debe no sólo a la transformación física radical que ha sufrido en estos últimos tiempos, sino también a la supuesta revelación mística que le ha llevado a desenmascarar la citada trama de corrupción valenciana. El arrepentido Benavent, exgerente de Imelsa y hombre de confianza de Alfonso Rus, alcanzó su particular nirvana después de viajar a la selva amazónica de Ecuador, a Japón y a Ámsterdam a principios del año pasado. Fue durante esos viajes cuando se reencontró consigo mismo haciendo, por ejemplo, talleres de agricultura biodinámica, yoga y tantra, a los que se dedica desde entonces.

“Yo era un yonqui del dinero; me he llevado de todo”, reconoció Benavent ante las cámaras delante del juzgado en mayo de 2015, tras su regreso después de cuatro meses desaparecido. “Me he equivocado; asumiré lo que tenga que asumir”. Al escenificar su redención pidiendo perdón públicamente ante los periodistas, el que era mano derecha de Rus pretende categorizar la corrupción como una supuesta enfermedad o adicción (como el alcoholismo o drogadicción) de la que, después de alcanzar la luz y vislumbrar el camino del bien, todo parece indicar que el paciente enfermo por el dinero está recuperándose.

“Va a salir mierda a punta pala”, advirtió Benavent después de declarar por primera vez ante el juez, en mayo del año pasado. Y así ha sido. Gracias a sus aportaciones, hemos podido escuchar la grabación de Alfonso Rus en 2006 contando “los dos millones de pelas” de un dinero que supuestamente procede del pago de comisiones, a cambio de amañar un concurso de viviendas de protección oficial. Otros documentos han revelado cómo el Ayuntamiento de Valencia contrataba servicios con empresas vinculadas al sobrino de Rita Barberá, o cómo la exconcejala María José Alcón negociaba con Benavent para adjudicar diferentes contratos para la Mostra del Cinema del Mediterrani.

Poco a poco, la mierda ha ido saliendo y todo el grupo del PP valenciano ha sido imputado por blanqueo de dinero para la caja b del partido, lo que ha dejado a Rita Barberá en la cuerda floja mientras resiste gracias a su aforamiento por ser senadora. Además, todo parece indicar que Barberá utilizó las comisiones del 3% por la adjudicación de obras y servicios para financiar su campaña de las municipales de mayo de 2015.

En estas últimas semanas, hemos escuchado al que fuera vicealcalde de Valencia con Rita Barberá, Alfonso Grau, insinuar que Rita Barberá era consciente de la financiación irregular del PP y calificar a Benavent de psicópata por grabar durante diez años “a todo bicho viviente”. Es muy probable que en los próximos días salgan nuevos “bichos vivientes” a la superficie.

Sin lugar a dudas, lo atípico del caso Benavent no es su personalidad extravagante, sino el hecho de ver a una persona corrupta en el pasado asumiendo ahora sus errores, pidiendo perdón por ellos y mostrando arrepentimiento delante de las cámaras. Sólo él sabe realmente si la reconversión de su persona viene precedida de un arrepentimiento sincero o existen otros intereses particulares. En cualquier caso, si se demuestra mínimamente que existe una posible relación entre los talleres de yoga y tantra que realiza Benavent con su profundo cambio de moral, puede que fuese más que aconsejable que todo el PP valenciano comenzase a asistir a talleres similares para desintoxicarse de su adicción al dinero.

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La herencia recibida y los retos del nuevo Gobierno valenciano

PRIMERA REUNIÓN DEL PSPV, COMPROMÍS Y PODEMOS

Tras unas semanas de mucha incertidumbre, finalmente PSPV, Compromís y Podemos llegaron a un pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana firmando el acuerdo del Botànic poco después de la constitución de las nuevas Corts Valencianes. Se abre así un nuevo ciclo político con nuevo Gobierno a cuyos miembros les espera el desafío de reconstruir una comunidad devastada económicamente (una deuda cercana a los 40.000 millones de euros, el 37.9 % de su PIB) y arrasada por la lacra de la corrupción y el despilfarro.

Detener la sangría de la corrupción en la Tierra de Saqueo. Si de algo se puede sentir satisfecho el PP en estos últimos años es de haber conseguido que todo el mundo asocie la palabra corrupción con la Comunidad Valenciana. Como se relata en el libro de Sergi Castillo, la Tierra de Saqueo se ha visto salpicada por la mayoría de las grandes tramas de corrupción (Gürtel, Brugal, Nóos, Emarsa) y ha conseguido superar el número de 100 políticos imputados por corrupción, entre los que destacan nombres como los de Carlos Fabra, Ricardo Costa, Sonia Castedo, Juan Cotino,Alfonso Rus, Alfonso Grau o Serafín Castellano. Sin lugar a dudas, el PP valenciano ha sido una máquina a la hora de generar políticos corruptos. Quizás el caso más desagradable y vergonzoso sea el del exconsejero Rafael Blasco, condenado finalmente a seis años de cárcel por desviar fondos destinados a proyectos de cooperación al desarrollo en Nicaragua. ¿Existe algo más inmoral que robar dinero destinado a hacer llegar agua potable y promover la agricultura en comunidades rurales del Tercer Mundo para adquirir y reformar inmuebles propios? El nuevo Gobierno valenciano tendrá que garantizar, mediante mecanismos de transparencia eficaces, que no vuelva a suceder lo mismo, y deberá acabar con la impunidad de los responsables del saqueo de las arcas públicas valencianas que ha tenido lugar en estos años.

Del despilfarro a un modelo productivo sostenible. Se estima que si sumásemos todo el dinero saqueado en los casos de corrupción y los fondos derrochados en grandes eventos y obras faraónicas se superarían los 12 500 millones de euros, una tercera parte de la deuda actual. El colectivo periodístico Xarxa Urbana estuvo organizando en Valencia las conocidas «Rutas del Despilfarro», un recorrido a través de todos los fenómenos de derroche de los fondos públicos valencianos. Eventos de grandes costes y que apenas revertieron en el pueblo valenciano, como la visita del Papa o el fiasco de la Fórmula 1; construcciones ruinosas abocadas al fracaso, como el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz o Terra Mítica; la quiebra de las cajas de ahorros CAM y Bancaja, o el descalabro de Radio Televisión Valenciana. La joya de la corona quizás sea el Museo de las Artes y las Ciencias, diseñado por el pluridemandado Calatrava, que costó cuatro veces lo presupuestado, cuenta con varios errores de construcción y únicamente da pérdidas, por lo que tuvo que despedir a media plantilla en 2012. Otro ejemplo de cómo empezar la casa por el tejado lo encontramos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, donde se gastaron una fortuna en instalaciones que no se utilizaron en años para posteriormente tener que despedir a la mitad de la plantilla tras sufrir un ERE en 2011. Puede que el mejor resumen de lo ocurrido en esos años lo encontremos en el programa Resacón en Levante, de La Sexta Columna. Políticos que malgastaron y se beneficiaron de nuestro dinero por encima de sus posibilidades gracias a un modelo productivo basado fundamentalmente en la construcción y especulación inmobiliaria que hubiese continuado en barrios como el del Cabanyal, salvado finalmente tras la marcha de Rita Barberá. El actual Gobierno valenciano tendrá que apostar por un nuevo modelo productivo que sea sostenible y genere beneficios a largo plazo invirtiendo en sectores basados en el conocimiento, la investigación y la innovación. También sería buen momento para realizar una auditoría ciudadana de la deuda generada y considerar su legitimidad. ¿Acaso tenemos que pagar nosotros el capricho y la avaricia de unos insensatos?

De los recortes al rescate ciudadano. Y, mientras tanto, ¿qué ha sacado de provecho el pueblo valenciano tras estos años de saqueo y derroche? Recortes.Recortes en educación que han dejado sin calefacción a varios institutos y han obligado a los alumnos a llevar mantas de casa; recortes en sanidad por los que se ha catalogado a la Comunidad Valenciana como la peor en asistencia sanitaria; recortes en investigación que han dejado este sector bajo mínimos, y recortes en dependencia que le han valido a la comunidad la consideración de ser la peor en gestión y aplicación de las ayudas a las personas dependientes. Recortes que, finalmente, se han traducido en que una de cada cuatro familias valencianas viva por debajo del umbral de la pobreza, en que el 36 % de los niños valencianos se hallen en riesgo de pobreza y exclusión, según un informe de Unicef, y en que la tasa de desigualdad haya crecido el 10 % entre 2008 y 2012. Ante esta situación de emergencia social, el nuevo Gobierno deberá garantizar a los valencianos derechos básicos como los de vivienda, alimentación y educación, priorizando la lucha contra la pobreza infantil.

De la imagen de Barberá y Camps en un Ferrari descapotable en 2007 a la de este último sentado en el banquillo en 2011 y la de la exalcaldesa renunciando a su acta de concejal para evitar asistir a la investidura del nuevo alcalde, Joan Ribó. Símbolos del desvarío político, de una gestión nefasta y de un Gobierno que bien puede considerarse antisistema, ya que literalmente ha destrozado todo lo que ha tocado. El mayor reto que tiene el nuevo Gobierno es enterrar aquel Levante retratado en las novelas de Chirbes y plantar los cimientos de una nueva tierra que devuelva la dignidad al pueblo valenciano. Ahora que está todo derruido hay que empezar a construir de nuevo.

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Siempre hay alternativas

La fuerte crisis económica, política y social de estos últimos años en España ha puesto en evidencia la enorme brecha existente entre lo que la política es y lo que debería ser. Además de destapar la abrumadora corrupción que estaba escondida detrás de un sistema político aparentemente decente, ha servido para arrojar luz sobre la lamentable actitud de los políticos, que no hacen más que dibujarse ojos y oídos en la espalda para seguir haciendo lo que quieren al mismo tiempo que aparentan estar mirando y escuchando al pueblo.

Frente a este escenario, por más que algunos se empeñen en intentar hacernos creer que no hay alternativas posibles a la clase política actual, podemos y debemos estar convencidos de que sí las hay. Desde luego, sería alarmante que no existiera ninguna. En todo caso, este discurso es ya un clásico en política y lo único que pretende es que un país permanezca estancado en el miedo y la indefinición y, sobre todo, que no reaccione, por más que haya miles de motivos para hacerlo.

La detención de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno popular de José María Aznar, debe ser la gota que colme el vaso. Cuando la clase política se ve constantemente salpicada por innumerables casos de corrupción, urge una regeneración inmediata, y hace falta aún más implicación ciudadana que la creciente de estos últimos años.

El cambio debe contar con la implicación de todos, para lo cual es imprescindible el activismo político y social de aquellos que tardan en implicarse en esta lucha con la necesaria y merecida intensidad, porque el mayor rechazo a una determinada forma de hacer política se expresa haciendo política, pero de forma diferente.

Por más que sea obvio el mayor interés de la sociedad española estos últimos años por la política, no es menos cierto que hablar de política e implicarse de forma activa son dos cuestiones totalmente distintas. Los ciudadanos, al reivindicar una nueva forma de hacer política, deben ser el motor que mueva la sociedad, el combustible para que esta funcione.

Aparte de ser el segundo país con más desigualdades económicas de la Unión Europea, España no se queda corta en lo que concierne a la corrupción, y es también uno de los más corruptos. Esta lacra moral ha pasado de ser una cuestión anecdótica a formar parte de la rutina política: los casos de corrupción sacados a la luz son ya más de lo mismo; podría decirse que lo anormal sería lo contrario.

Todo ello apunta a la imprescindible necesidad de una alternativa sólida y seria a todo lo que ha venido siendo la regla general. Hay que apostar por otro concepto de lo público, de lo político y de lo social. Hay que impulsar y exigir cambios a todos los niveles del Estado. En medio de tal calamidad política, cuando la sombra de la corrupción acecha a las esferas más altas de la Administración, es totalmente irresponsable e inconcebible por parte de la ciudadanía no buscar ni apostar por una alternativa. Así pues, tanto en las elecciones municipales de este mes de mayo como en las generales de septiembre, dime a quién votas y te diré quién eres. Somos lo que votamos. Así de sencillo.

El silencio, la peor tortura

Aqui no se tortura

Nunca se me habría ocurrido pensar que aquí se torturara, ni que, por si fuera poco, hubiese formas de silenciarlo. Hasta hace unos días, habría puesto ingenuamente la mano en el fuego para negarlo. No obstante, después de ver el documental Ciutat morta, sobre el caso 4F, tengo serias dudas. Parece que, aun en Barcelona, nadie, o cuando menos algunas personas, puede descartar del todo la posibilidad de ser torturado, ni siquiera respecto a las fuerzas de seguridad. ¿Cuántas veces se ha torturado aquí y no ha pasado nada? ¿Cuántas historias de tortura no han sido objeto de documentales por desconocerse o simplemente porque no han existido los medios para darlas a conocer? ¿Cuántos casos de tortura se han conseguido silenciar?

El derecho debe estar siempre supeditado a la idea de justicia. Por ello, es necesario exigir responsabilidades a todos los que sabían y encubrieron de forma deliberada la barbaridad de que se torturase, juzgase y condenase a personas inocentes. Los que eligieron a sus víctimas a dedo por el motivo que fuera tienen que responder por sus actos. Independientemente de todos los posibles tecnicismos detrás de los cuales se podría esconder la imposibilidad de reabrir un caso de estas características, determinados principios de justicia deben llevar a ello. Al poner en evidencia datos que apuntan a la inocencia de personas torturadas y condenadas, las informaciones aportadas por este documental son relevantes y deben ser tenidas en cuenta. Asimismo, denotan que hubo serias irregularidades en el proceso que afectan a las pruebas aportadas en aquel momento. No se pueden aceptar y dar por zanjados casos de privación de libertad de personas sobre la base de un castillo de arena de presuntas mentiras, que además parece desmoronarse. Se trata de un claro caso de atentado a la dignidad humana. ¿Quiénes son los torturadores? ¿Quiénes los encubrieron? ¿Cuántas víctimas ha habido ya en este país? ¿Hay un perfil concreto de torturados o eventuales torturados? ¿Se sigue torturando hoy cuando no hay cámaras ni testigos?

Los ciudadanos deben poder confiar en todos y cada uno de los responsables de proteger y servir a la ciudadanía. La información aportada por este documental que pone en evidencia -o, cuando menos, suscita serias dudas sobre las condenas de personas aparentemente inocentes, así como la declaración reciente de un agente jubilado de la Guardia Urbana sobre la tortura como práctica recurrente-, es motivo suficiente para reabrir dicho caso. No podemos condenar a inocentes y apartarlos de la sociedad mientras los que presuntamente fallaron a la justicia y a la verdad, recorren de punta a punta la ciudad sin el mínimo reproche. Sería una burda burla. ¿Haremos la vista gorda ante tal situación, sin la mínima curiosidad y ánimo de hacer justicia? Los ciudadanos deben exigir por todos los medios legales posibles la reapertura de este caso. No hacerlo sería un craso error. Aunque parezca mentira, hablamos de tortura.

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Hepatitis C: pacientes ‘impacientes’

Más que una tumba

Molesto debe de estar ya el Gobierno con la famosa Plataforma de Afectados por Hepatitis C. ¿Qué parte de «Hay que ser pacientes» no han entendido? Qué manía con quererlo todo ya. ¿Cómo hacerles entender que las prisas son malas consejeras y que, por lo tanto, hay que ir despacio? Definitivamente, a estos pacientes hay que enseñarles a paliar su gran carencia en un valor tan fundamental para el ser humano como la paciencia, deben de pensar nuestros gobernantes. Habida cuenta de que el precio por persona de la combinación de los fármacos más eficaces contra la hepatitis C en España ronda los 50.000 euros, el Ministerio de Sanidad ha decidido restringir la aplicación del tratamiento a los casos más graves, lo que condena a muchos afectados a una angustiosa espera con el consiguiente riesgo de sufrir complicaciones médicas; entre ellas, la posibilidad de desarrollar hasta cáncer de hígado. Con estos fármacos, además de evitar un sufrimiento innecesario a los afectados y a sus familiares, el Estado también podría ahorrar millones de euros en concepto de visitas médicas, bajas laborales y tratamientos adicionales por prolongación de la enfermedad.

No será por falta de dinero: la sola suma de las cantidades defraudadas en el caso Malaya (2400 millones de euros), el caso de los ERE (1200 millones), el caso Edu (2000 millones), el caso Gürtel (120 millones) y otros fraudes como el del caso Palma Arena asciende a 7000 millones de euros, lo que permitiría cubrir con creces ese coste. Y hay más: recientemente, la organización Oxfam Intermón denunció que con el dinero defraudado a Hacienda cada año (59.500 millones de euros) podría sufragarse todo el gasto sanitario anual de España (57.000 millones). Un fraude, dicho sea de paso, que según se estima, corresponde en la mayor parte (72 %) a grandes fortunas y grandes empresas. La medida del Gobierno que pretende proporcionar el tratamiento a una parte del colectivo es claramente insuficiente al no cubrir las necesidades totales, y, por lo tanto, no responde a la realidad social. Según David Hammerstein, antiguo eurodiputado español, solo los fármacos genéricos podrían garantizar a los afectados el acceso al tratamiento debido, ya que el precio quedaría reducido a una pequeña fracción del actual. Los beneficios privados, defiende, no pueden poner en jaque, y menos aún de forma tan despiadada, el bien público de la sanidad y su acceso socialmente equitativo y universal.

Si los titulares de las patentes no deciden bajar el arbitrario precio de los fármacos de manera razonable para que todos los necesitados puedan tener acceso a ellos en condiciones de igualdad, el Estado está obligado a defender los intereses ciudadanos frente a los de estas compañías privadas enfrentándose a sus derechos de propiedad intelectual, ya que legalmente ningún derecho es ilimitado. En este sentido, el derecho internacional legitima, en algunos casos, a cualquier Gobierno nacional a emitir una licencia para fabricar un medicamento genérico al margen de cualquier patente. Si varios países -entre ellos los Estados Unidos- han recurrido ya a este mecanismo para limitar los daños del ejercicio antisocial del derecho de propiedad intelectual, ¿por qué no lo hace España en una situación como la actual? Es en estos casos cuando debemos recordar que la política es una necesidad: hacer política es decidir anteponiendo determinados intereses a otros cuando ambos son claramente incompatibles. Es obvio que lo que pone en evidencia esta situación no es más que una forma concreta de hacer política; un claro ejemplo de cómo unos hacen política para otros. Por ello, los ciudadanos, en lugar de la retaguardia, siempre deben ocupar la vanguardia de la política. En un caso como este, ¿qué hacemos?, ¿priorizamos los intereses de las farmacéuticas por enriquecerse de forma despiadada, o protegemos los derechos de los ciudadanos a la salud y a la vida? En esta carrera contrarreloj, las víctimas siempre serán los pacientes. No hay derecho.

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El ciudadano-político incumplidor

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Los numerosos escándalos que salpican la política en España y en los países del entorno ofrecen, sin lugar a dudas, motivos suficientes para la desafección y el creciente sentimiento de hartazgo de los ciudadanos respecto de la clase política. Los reiterados casos de corrupción protagonizados por políticos, que son quienes deberían garantizar la buena gestión de la cosa pública, junto con la larga lista de incumplimientos e incoherencias por parte de la clase política, no hacen sino incrementar el desprecio de los ciudadanos y, sobre todo, su desconfianza en todo aquel que se presente como un político clásico, al tiempo que debilitan la imagen de las instituciones que, en principio, deberían transmitir confianza al ciudadano.

Los incumplimientos puntuales del programa electoral de un partido no tienen por qué alarmar a los ciudadanos, habida cuenta de todos los imprevistos que pueden surgir durante el mandato, algo totalmente distinto de los incumplimientos sistemáticos del programa electoral con que determinadas formaciones políticas consiguen convencer a sus votantes. Sin ir más lejos, la elección del actual presidente francés, François Hollande, por el programa presentado y el incumplimiento casi sistemático de dicho programa, no deja a nadie indiferente. El golpe de timón a la derecha totalmente imprevisible de la izquierda más esperanzadora es un engaño que en un Estado democrático debería ser suficiente para deslegitimar al Gobierno y permitir la convocatoria de elecciones adelantadas por mandato constitucional mediante algún mecanismo de petición social. Si los ciudadanos deben esperar cuatro o cinco años para censurar el desenfreno de un Gobierno, con las múltiples implicaciones sumamente negativas para la eficacia y eficiencia de un sistema que pretende ser abanderado de la defensa de los intereses ciudadanos, el sistema cojea en un elemento importante que merece ser reconsiderado.

Con todo, si hay algo de lo que cada día estoy más convencido es de que el político al que reprobamos es un ciudadano. Un ciudadano, sí. Igual al que le denuncia y le condena. Un ciudadano incumplidor que no deja de ser, en general, el reflejo del funcionamiento de la sociedad. El incumplimiento como rasgo de carácter, y el quizás poco o insuficiente énfasis en el fomento de determinados valores tales como la transparencia, la seriedad y otros muchos necesarios a todos los niveles, son a lo mejor los motivos de tantos incumplimientos en la gestión de los intereses generales. En efecto, la vida privada de Hollande, marcada por sucesivos episodios de poca seriedad e incumplimientos en su vida privada, se proyecta en su gestión presidencial y la mancha desastrosamente.

Cuando incumple un político, incumple un ciudadano. Por tanto, lo que deberíamos empezar por preguntarnos quizá sea cuáles son los valores que, explícita o implícitamente, fomentamos en la sociedad. El político sigue siendo un ciudadano, pero deja de hacerle honor cuando se convierte en una máquina defensora de intereses propios y egoístas a los que hay que poner límites por la vía más sensata, esto es, la educación y el ejemplo, que son la mejor forma de inculcar valores en la sociedad. Cuando abunda la corrupción, abunda la carencia de valores básicos de los cuales una sociedad no puede o no debería, en ningún momento, prescindir.

Dejemos de ver al político solo como tal y miremos alrededor para ver si hay sentido del compromiso y seriedad en la gente que nos rodea. Quizás deberíamos interesarnos por la vida privada de nuestros personajes públicos, nuestros políticos. Al hacerlo, puede que no consigamos saber en quiénes confiar con certeza, pero al menos descartaremos a quienes no son dignos de nuestra confianza. El político al que reprobamos no es más que un ciudadano incumplidor. Es seguramente un hombre de principios, pero si por algún motivo a alguien no le gustan, tiene otros. Sí, así es, Groucho.

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Guía práctica de ‘lobby’ ciudadano

Global communications

Cuesta asimilar las escalofriantes cifras de la corrupción en España durante los últimos años: 1700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales y más de 500 imputados, tan solo veinte de los cuales cumplen condena en prisión. Más difíciles de digerir todavía, como clavos ardiendo, son los casi 7000 millones de euros defraudados a las arcas públicas desde el año 2000, si solamente sumamos las cantidades defraudadas en el caso Malaya (2400 millones), el caso de los ERE (1200 millones), el caso Edu (2000 millones), el caso Gürtel (120 millones) y otros fraudes como el del caso Palma Arena. Un número que podría ser mucho mayor si tuviésemos en cuenta, por ejemplo, los 3000 millones de euros derivados del posible blanqueo de dinero de Oleguer Pujol. Según un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas en 2013 que tiene en cuenta una dimensión mucho mayor que la que reflejan las estadísticas oficiales, el coste social de la corrupción en este país se estima en 40 000 millones de euros anuales.

No es de extrañar, pues, tras repasar todos estos datos, que la corrupción siga siendo el segundo problema que más preocupa a la sociedad española, según el Barómetro del CIS. De hecho, España fue el segundo país tras Siria donde más aumentó la percepción de la corrupción en 2013 y descendió diez posiciones en el Índice de Percepción de Corrupción, de acuerdo con un informe de la ONG Transparencia Internacional. Además, la Comisión Europea aún ve insuficiente la futura Ley de Transparencia propuesta por el Gobierno porque carece de mecanismos independientes de control, y pide que se realice una auditoría externa anual de cada formación política y que se publique en línea su cuenta de resultados. Un sistema de transparencia que podría parecerse, por ejemplo, al establecido actualmente en el Reino Unido, donde el ciudadano goza de mayor acceso al diputado y de información detallada sobre su trabajo, controlado mediante la web TheyWorkForYou, como se recuerda en el episodio Sin Transparencia del programa Salvados. En cambio, aquí las declaraciones de bienes que nuestros diputados presentaron en el Congreso en agosto estaban llenas de imprecisiones, hasta tal punto que hay quienes declararon poseer vehículos de la marca coche.

Si analizamos los principales motivos de la corrupción, destacan la avaricia de los dirigentes políticos, la falta de principios éticos para desempeñar los cargos públicos y la opacidad en la gestión de los recursos estatales. Como ciudadanos comprometidos, podemos intervenir en las dos primeras causas tratando de fomentar la sensibilidad ante la corrupción, concienciando sobre los daños que ocasiona y educando en la honradez. Respecto al tercer motivo, podemos promover una mayor transparencia en las gestiones estatales para garantizar un control más estricto de las instituciones públicas.

Últimamente han salido a la luz nuevas herramientas que proponen mecanismos de control sobre el gasto público para fomentar la transparencia y el empoderamiento ciudadano. Por ejemplo, la Fundación Ciudadana Civio está desarrollando diversas plataformas que facilitan a los ciudadanos información sobre la gestión pública y sobre la rendición de cuentas de las instituciones. En Quién Manda se configura un mapa de poder en España con el objetivo de revelar esos vínculos, regular los lobbies y demandar que se publiquen las agendas de trabajo completas de los cargos públicos. El proyecto ¿Dónde van mis impuestos?, también impulsado por Civio, muestra claramente cómo se distribuye nuestro presupuesto, de dónde vienen nuestros ingresos y a qué se destinan. Con el mismo objetivo de fomentar la transparencia y la participación ciudadana, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ha creado los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM), formados por personas de un mismo municipio que tienen como finalidad explicar de manera sencilla cómo se gestionan los presupuestos aprobados por los Ayuntamientos y cuáles son los derechos que, como ciudadanos, podemos exigir. La página web Sueldos Públicos es el primer medio digital que da a conocer de forma libre y contrastada los salarios de los cargos públicos a fin de informar sobre la gestión de nuestros políticos. En la misma línea, la iniciativa Qué hacen los diputados informa sobre la trayectoria profesional y política de los 350 diputados del Congreso, así como sobre sus declaraciones de bienes, comparecencias y votaciones en pleno.

La lucha contra la corrupción y la opacidad en las gestiones públicas sigue siendo la máxima prioridad en un país en el que se acaba de conocer que consejeros y directivos de Caja Madrid gastaron 15 millones de euros mediante el uso de tarjetas de crédito facilitadas por la entidad y ocultas al fisco. Ni que decir tiene que el remedio más fiable para erradicar la corrupción y la defraudación solo puede componerse de transparencia, más transparencia y mucha más transparencia.

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